jueves, 29 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno reunió a 12 gobernadores para impulsar megaproyectos

La Casa Rosada busca que empresas argentinas participen en los megaproyectos del RIGI, con doce gobernadores como testigos políticos clave.

El gobierno de Javier Milei organizó en Rosario un encuentro con doce gobernadores para intentar resolver uno de los talones de Aquiles del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: la escasa participación de empresas nacionales en los proyectos que el esquema busca atraer. La señal política es doble: por un lado, una admisión implícita de que el RIGI, tal como fue diseñado, beneficia principalmente a capitales extranjeros; por otro, un intento de construir una base territorial de respaldo al modelo económico de cara a un año electoral. El RIGI fue uno de los ejes más polémicos de la Ley Bases aprobada en 2024. Sus críticos —desde el peronismo hasta sectores del sindicalismo industrial— advirtieron desde el principio que el régimen de exenciones impositivas y aduaneras estaba pensado a medida de grandes consorcios internacionales, dejando a las pymes e industrias locales fuera del circuito de negocios que se esperaba generar. La convocatoria en Rosario parece reconocer, al menos en los hechos, esa tensión. La elección de Rosario como sede no es casual. La ciudad es el corazón de la economía agroexportadora argentina e históricamente un termómetro de la relación entre el poder central y las provincias productoras. Reunir allí a doce gobernadores —varios de ellos con tensiones abiertas u ocultas con la Casa Rosada por coparticipación u obra pública— implica un ejercicio de construcción de legitimidad territorial que el oficialismo necesita con urgencia antes de las elecciones de medio término. La presencia de los mandatarios provinciales como interlocutores del RIGI revela además una nueva etapa en la estrategia del Gobierno: ya no alcanza con la promesa de inversión extranjera para sostener el relato de la transformación económica. Hace falta mostrar que esa inversión derrama hacia adentro, que genera empleo local e integra cadenas de valor argentinas. Es un giro discursivo relevante, aunque todavía sin mecanismos concretos que lo garanticen. El mapa político de los gobernadores presentes es heterogéneo. Algunos responden a aliados directos del Gobierno nacional; otros mantienen una relación de conveniencia táctica, apoyando puntualmente iniciativas a cambio de recursos o guiños en materia de deuda provincial. Esa diversidad hace más valiosa la foto de Rosario para el oficialismo, pero también más frágil: cualquier gobernador puede distanciarse si percibe que el RIGI no genera beneficios concretos para su distrito. El desafío estructural sigue en pie. El RIGI fue concebido para atraer inversiones de escala —minería, hidrocarburos, infraestructura— donde el capital nacional difícilmente puede competir en volumen con fondos internacionales. Incorporar empresas argentinas como proveedoras u socias menores puede mejorar la imagen del esquema, pero no modifica su lógica central. La pregunta que el Gobierno todavía no responde con claridad es qué porcentaje real del valor generado por esos proyectos quedará en el país. En términos de coyuntura, el encuentro de Rosario funciona como una operación política de triple objetivo: mostrar gestión, ampliar la coalición territorial y desactivar críticas al RIGI antes de que se conviertan en munición electoral opositora. Si el Gobierno logra presentar casos concretos de empresas argentinas integradas a proyectos RIGI antes de las elecciones, habrá cumplido el objetivo. Si no, la reunión quedará como una foto más en una agenda que prometió más de lo que pudo ejecutar.