jueves, 29 de octubre de 2026
 
 
     
Peritos hallaron manipulación con IA en audios del caso Discapacidad

Un informe oficial cuestiona las pruebas clave contra el exjefe de Discapacidad: las voces no pueden atribuirse a los imputados.

El Gobierno nacional presentó un peritaje de Gendarmería que concluye que los audios que sostienen la causa ANDIS fueron manipulados, posiblemente mediante inteligencia artificial. El hallazgo sacude los cimientos de una investigación que apuntaba al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad e imputaba a otros funcionarios. Si el peritaje prospera judicialmente, la causa entera queda en entredicho: no habría prueba sonora confiable que vincule a los acusados con los hechos investigados. La causa ANDIS fue uno de los expedientes que el kirchnerismo y sectores de la oposición utilizaron para cuestionar la gestión de Milei en materia social. Las acusaciones giraban en torno a supuestas irregularidades en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad, un área especialmente sensible en términos de opinión pública. Los audios en cuestión eran presentados como prueba central, como el eslabón que conectaba a los imputados con decisiones concretas. El dato técnico que introduce el peritaje de Gendarmería no es menor: la posibilidad de que archivos de audio sean editados con inteligencia artificial ya no es territorio de la ciencia ficción sino una herramienta accesible. Esto abre un problema estructural para el sistema judicial argentino, que todavía no cuenta con protocolos estandarizados para autenticar prueba digital de este tipo. La justicia llega tarde a un debate tecnológico que ya instaló dudas irreversibles. Desde la perspectiva del oficialismo, el peritaje es una herramienta de doble filo. Por un lado, habilita la defensa de funcionarios propios e intenta desarticular una narrativa opositora que causó daño político real. Por otro, la estrategia de impugnar pruebas mediante peritos propios alimenta la sospecha de que el Ejecutivo interviene activamente en causas donde tiene interés directo, algo que sus críticos ya venían señalando. La oposición difícilmente acepte el peritaje sin resistencia. La lógica política indica que cualquier informe producido en el marco del propio Gobierno será leído como maniobra de encubrimiento, independientemente de su rigor técnico. Eso coloca al juez de la causa en una posición central: deberá decidir si ordena una pericia independiente u homologa el informe oficial, una decisión que tendrá consecuencias políticas más allá del expediente. El caso expone además una tensión más profunda en la Argentina de 2026: la creciente desconfianza en la prueba digital como evidencia judicial. En un contexto donde los deepfakes y la edición de voz con IA son cada vez más sofisticados, cualquier audio que emerja como prueba en una causa política quedará sospechado de antemano por alguna de las partes. La grieta no es solo política: también se instala en la epistemología del proceso penal. Lo que está en juego no es únicamente la suerte judicial de Spagnuolo y los otros imputados. Es la credibilidad del sistema de prueba en causas de alto voltaje político. Si los audios fueron manipulados, hay que identificar quién los manipuló y con qué objetivo. Si no lo fueron, el peritaje oficial habrá funcionado como un escudo institucional para proteger a funcionarios. En cualquiera de los dos escenarios, el daño a la confianza pública ya está hecho.