jueves, 29 de octubre de 2026
 
 
     
Gobernadores mineros respaldaron el ajuste fiscal de Milei

Los mandatarios de Jujuy, Mendoza, Catamarca y San Juan avalaron el ajuste fiscal como motor de inversiones en el sector extractivo.

Cuatro gobernadores de provincias mineras se reunieron con Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo e integrantes del gabinete nacional y salieron a respaldar públicamente la política económica del gobierno. Los mandatarios de Jujuy, Mendoza, Catamarca y San Juan coincidieron en que el equilibrio fiscal es la condición necesaria para atraer inversiones de largo plazo en minería. El encuentro no fue casual ni protocolar: es una señal política de alineamiento con la Casa Rosada en un momento en que el oficialismo necesita mostrar gobernabilidad territorial. El contexto importa. La minería es uno de los pilares del modelo exportador que el gobierno de Javier Milei proyecta como salida estructural de la crisis. Las cuatro provincias representadas concentran buena parte de los proyectos de litio, cobre y oro que el Ejecutivo nacional busca destrabar para atraer dólares. El respaldo de estos gobernadores —varios de ellos de partidos distintos al de La Libertad Avanza— le da al gobierno una base territorial que compensa su debilidad legislativa. El rol de Karina Milei en la reunión no es un detalle menor. Su presencia en un encuentro técnico-económico confirma que opera como articuladora política central del espacio, por encima incluso de figuras ministeriales. Los gobernadores saben que negociar con ella es negociar con el núcleo duro del poder. Esa lógica de centralización obliga a los mandatarios provinciales a mostrar lealtad pública antes de pedir. El discurso sobre el orden de las cuentas públicas como requisito para la inversión reproduce la narrativa oficial casi sin matices. Ninguno de los cuatro cuestionó la política de recorte de transferencias a las provincias ni la quita de fondos a obras de infraestructura que afecta directamente a sus territorios. Esa omisión es elocuente: el alineamiento tiene un costo político interno que los gobernadores eligieron pagar. La mención al trabajo local como prioridad apunta a contener críticas sindicales e indigenistas que históricamente rodean a los proyectos mineros en el norte y el oeste argentino. Es un guiño hacia adentro de cada provincia, donde las resistencias sociales a la minería a gran escala tienen peso electoral. Decir que se prioriza el empleo local es una concesión discursiva sin compromisos concretos verificables. En términos de coyuntura, este bloque de gobernadores mineros puede convertirse en un activo político para Milei de cara a las elecciones de 2025 u otros escenarios de negociación legislativa. Tener gobernadores aliados en provincias con recursos estratégicos refuerza la posición negociadora del Ejecutivo frente a la oposición e incluso frente a actores internacionales. La minería es, en ese sentido, tanto una política económica como una herramienta de construcción de poder. Lo que el encuentro no resuelve es la tensión de fondo: las provincias mineras necesitan inversión pública en infraestructura —rutas, energía, agua— que el ajuste nacional dificulta. El respaldo verbal al modelo fiscal convive con demandas concretas que el gobierno todavía no satisface. Ese equilibrio frágil define el vínculo real entre la Casa Rosada y estos gobernadores: alianza de conveniencia, no convergencia ideológica.