jueves, 29 de octubre de 2026
 
 
     
Sindicatos peronistas denuncian a Caputo por fondos de obras sociales

El sindicalismo peronista denuncia penalmente a Caputo por fondos de obras sociales que el Gobierno no libera al sistema de salud.

Cincuenta sindicatos presentarán una denuncia penal conjunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por retener $688 mil millones correspondientes a las obras sociales del sistema de salud. La acción judicial, motorizada por Luis Barrionuevo e integrada por el Sindicato de Comercio, acusa al funcionario de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El movimiento marca un punto de inflexión en la relación entre el sindicalismo tradicional y el gobierno de Javier Milei: el conflicto abandona la mesa de negociación e ingresa al terreno judicial. Los fondos en cuestión provienen de aportes y contribuciones que trabajadores y empleadores realizan mensualmente al sistema de obras sociales. Que el Estado los retenga sin transferirlos a las entidades correspondientes implica un desfinanciamiento directo de la cobertura médica de millones de afiliados. No se trata de un reclamo abstracto: detrás de esa cifra hay prestaciones médicas, medicamentos e internaciones que las obras sociales no pueden garantizar si no reciben los recursos que legalmente les corresponden. La figura de Barrionuevo al frente de la presentación tiene peso simbólico e histórico. El gastronómico es uno de los sindicalistas más experimentados del peronismo, con décadas de navegación entre gobiernos de distinto signo. Que encabece una acción judicial de esta envergadura indica que el sindicalismo tradicional evalúa que el diálogo con la Casa Rosada no produce resultados concretos. El Sindicato de Comercio, uno de los más grandes del país en cantidad de afiliados, le otorga volumen institucional a la presentación. Para el gobierno de Milei, la retención de esos fondos puede leerse como parte de la estrategia de caja que sostiene el superávit fiscal. La administración libertaria convirtió el equilibrio presupuestario en su principal indicador de gestión y lo defiende con independencia del costo político sectorial. Retener fondos de obras sociales es, en esa lógica, una herramienta más de ajuste. El problema es que esa decisión no afecta al gasto político abstracto sino a la salud concreta de trabajadores formales. La judicialización del conflicto abre un frente incómodo para Caputo. Una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público no tiene efectos inmediatos sobre la política económica, pero instala una narrativa de ilegalidad sobre una decisión que el Ejecutivo presenta como gestión ordinaria. Si la causa prospera en los tribunales, el ministro deberá responder con argumentos jurídicos ante un juez, no con comunicados de prensa ni con datos del Indec. El frente sindical no es monolítico e históricamente registra fracturas profundas entre sus distintas corrientes. Que cincuenta organizaciones confluyan en una acción legal única sugiere que la retención de esos fondos generó un nivel de daño lo suficientemente extendido como para superar, al menos coyunturalmente, las divisiones internas. Es un dato político relevante: la CGT tiene dificultades para sostener medidas de fuerza unificadas, pero aquí el motor es la supervivencia financiera de las propias obras sociales. El desenlace de esta disputa dependerá de tres variables: la respuesta del Poder Ejecutivo ante la denuncia, la receptividad del Poder Judicial y la capacidad del sindicalismo para sostener la presión en el tiempo. Si el gobierno libera los fondos antes de que la causa avance, la acción judicial habrá cumplido su función extorsiva legítima. Si no lo hace, el conflicto escala e incorpora una dimensión institucional que puede contaminar la imagen de gestión que Milei construyó sobre la base de la austeridad.