jueves, 29 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno limitó al 2% mensual los aumentos en paritarias

Economía instruyó a Trabajo para no validar paritarias que superen ese límite, pero permite sumas fijas no remunerativas como válvula de escape.

El Ministerio de Economía le ordenó a la Secretaría de Trabajo que no homologue acuerdos paritarios que superen el 2% mensual de aumento salarial. La medida no es una ley ni un decreto: es una instrucción administrativa que opera en silencio, sin anuncio oficial, pero con efectos concretos sobre millones de trabajadores. Tres gremios de peso —cuyas identidades el Gobierno no difundió públicamente— ya aceptaron encuadrarse dentro de ese techo, lo que convierte el acuerdo tácito en un hecho político de primera magnitud. El contexto es el programa de estabilización que el oficialismo sostiene como eje central de su gestión. Con la inflación en descenso pero todavía lejos de los niveles que el Gobierno proyectó, la contención salarial funciona como ancla complementaria al tipo de cambio. La lógica oficial es que los salarios no deben correr por delante de los precios: si los sueldos suben más rápido que la inflación proyectada, el esquema se desarma. Esa es la racionalidad técnica detrás de la orden a Trabajo. La válvula que el Gobierno habilitó para amortiguar el rechazo sindical son las sumas fijas no remunerativas. Ese mecanismo permite otorgar dinero extra sin que compute en el salario básico ni en cargas sociales, lo que resulta conveniente para los empleadores e inicialmente aceptable para los trabajadores. El problema estructural es que esas sumas no se proyectan al futuro ni generan derechos previsionales, por lo que erosionan el salario real en el mediano plazo. Que tres gremios poderosos hayan aceptado ese esquema cambia la geometría del conflicto. Históricamente, la CGT funcionó como bloque: cuando un sindicato grande cede, el resto queda expuesto a presiones similares. El Gobierno lo sabe e instrumenta esa dinámica con deliberada eficacia. Los gremios que aceptaron el techo obtienen a cambio acceso, interlocución e influencia en otras decisiones del Estado: una moneda de cambio que la dirigencia sindical conoce bien desde los años noventa. La oposición sindical que no aceptó el techo enfrenta ahora un problema de coordinación. Si la Secretaría de Trabajo no homologa sus acuerdos, los trabajadores de esos sectores quedan en un limbo jurídico: el aumento existe en el papel pero no tiene respaldo estatal. Eso le da al Gobierno una herramienta de presión enorme sin necesidad de confrontar abiertamente con los sindicatos disidentes. En términos históricos, la intervención estatal sobre las paritarias tiene antecedentes traumáticos en Argentina. Desde el congelamiento salarial de la dictadura hasta los techos informales de distintos gobiernos constitucionales, cada vez que el Estado delineó un techo, la disputa se trasladó de la negociación colectiva a la política. En ese terreno, los sindicatos más combativos tienen experiencia, pero también vulnerabilidades: su base de trabajadores siente el bolsillo antes que cualquier debate doctrinario. El dato político más relevante no es el 2% en sí, sino la arquitectura de alianzas que el Gobierno construyó para sostenerlo. Tres gremios poderosos validando el techo equivale a tres columnas que sostienen el techo antes de que colapse. El Gobierno apostó a dividir en lugar de confrontar, e inauguró una fase nueva en su relación con el movimiento obrero organizado: no la del choque abierto, sino la de la cooptación selectiva.