sábado, 31 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno no tiene votos para aprobar el Presupuesto

Los aliados de La Libertad Avanza en Diputados frenan la negociación y advierten que el proyecto llega sin acuerdos concretos.

El oficialismo no tiene los votos para aprobar el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y tuvo que correr su cronograma original: ahora apuesta a conseguir la media sanción el 25 de noviembre, una fecha que los propios bloques aliados consideran optimista. La demora no es técnica ni administrativa. Es política: los llamados bloques dialoguistas —aquellos que hasta ahora sostuvieron al Gobierno en las votaciones clave— decidieron plantar bandera y reclamar respuestas concretas antes de dar quórum e inclinar su voto a favor. El trasfondo de esta disputa es más revelador que el conflicto en sí. La Libertad Avanza llegó al poder sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras y construyó su capacidad legislativa sobre acuerdos informales, negociaciones caso a caso e incentivos distribuidos con cuentagotas. Ese esquema funcionó mientras los aliados percibieron que el Gobierno tenía momentum político. Hoy, ese momentum está en disputa, e internamente lo saben. Los bloques que acompañaron al oficialismo durante gran parte de 2024 e 2025 no están rompiendo la coalición: están renegociando su precio. La señal que mandan al decir que 'todo está muy verde' no es de ruptura sino de extorsión institucional moderada, el lenguaje habitual de los socios menores en cualquier coalición legislativa argentina. Quieren que el Ejecutivo les explique qué hay para ellos —y para sus distritos— en ese presupuesto. El problema estructural del Gobierno es que el Presupuesto 2027 no es un documento neutro: es la hoja de ruta fiscal de un año electoral. Cada partida, cada transferencia a provincias, cada rubro de obra pública o gasto social es una moneda de cambio. Los aliados lo saben e intentan cobrar ahora, antes de que el oficialismo consolide su posición de cara a las elecciones de medio término. La negociación presupuestaria, en ese sentido, es también una negociación sobre quién controla la agenda política del próximo año. Históricamente, los presupuestos nacionales en Argentina funcionaron más como documentos de negociación que como planes de ejecución reales. Gobiernos de distinto signo aprendieron que aprobar el presupuesto a tiempo tiene valor simbólico e institucional, pero que el poder real se ejerce en la ejecución discrecional del gasto. El oficialismo actual tiene incentivos para aprobar el texto formal cuanto antes; sus aliados tienen incentivos para demorar e incluir condicionantes. La postergación al 25 de noviembre le da al Ejecutivo aproximadamente tres semanas para cerrar acuerdos. Es un plazo estrecho pero no imposible. El riesgo real es que, si las negociaciones se extienden o fracasan, el Gobierno enfrente un escenario inédito: llegar a 2027 sin presupuesto propio, operando con el del año anterior prorrogado, lo que limitaría su margen de maniobra justamente cuando más lo necesita. En términos de imagen política, cada semana de demora alimenta la narrativa opositora de que La Libertad Avanza no gobierna con mayorías sino a los tumbos. El Gobierno puede tolerar ese costo en el corto plazo, pero acumularlo hasta noviembre lo convierte en un problema de mayor escala. La verdadera prueba no es si aprueban el presupuesto, sino si logran hacerlo sin resignar demasiado de su perfil fiscal ortodoxo, que es, en definitiva, su principal activo político ante su base electoral.