viernes, 30 de octubre de 2026
 
 
     
Santilli afirma tener votos para eliminar las PASO, pero la UCR duda

El oficialismo avanza con la reforma electoral, pero los gobernadores de la UCR aún no confirmaron su apoyo y el margen se achica.

El Gobierno nacional enfrenta una carrera contra el tiempo para cerrar la reforma electoral que suspendería las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias antes de que el calendario político lo haga inviable. Diego Santilli, uno de los principales operadores del oficialismo en el Congreso, asegura tener las voluntades necesarias, pero la ecuación todavía no cierra: los gobernadores radicales permanecen como variable sin resolver, y esa indefinición es la que más preocupa en la Casa Rosada. La reforma electoral no es un tema técnico menor. Suspender las PASO implica rediseñar el modo en que los partidos definen sus candidaturas para las elecciones legislativas de 2027, lo que afecta directamente el poder interno de cada fuerza política. Para el oficialismo, eliminar las primarias reduce costos, simplifica el calendario e impide que sus propias internas queden expuestas en una elección masiva. Pero esa misma lógica convierte la reforma en un terreno minado. Los gobernadores radicales son actores clave porque representan un bloque con peso territorial real e independencia relativa del poder ejecutivo nacional. La Unión Cívica Radical tiene administraciones provinciales que procesan sus propias disputas internas, y esos mandatarios no necesariamente comparten el interés del Gobierno central en desactivar las PASO. Para ellos, las primarias pueden ser el único mecanismo disponible para dirimir candidaturas sin que una conducción nacional les imponga nombres. El efecto boomerang que menciona el artículo original apunta a un riesgo concreto: si el oficialismo fuerza la reforma sin consenso suficiente, puede fracturar alianzas que necesita intactas para gobernar. Un rechazo en el Congreso no solo hundiría la iniciativa electoral sino que exhibiría la debilidad parlamentaria del Gobierno en un momento en que la oposición busca exactamente esa imagen de fragilidad. El antecedente histórico pesa. Las PASO fueron creadas en 2009 bajo el kirchnerismo como un mecanismo de democratización partidaria, pero con el tiempo se convirtieron en un termómetro de humores sociales que ningún gobierno pudo ignorar. Los resultados de las primarias de 2019 anticiparon el colapso electoral de Macri con una precisión que encendió alertas en todo el arco político. Esa memoria institucional hace que cualquier intento de suspenderlas sea leído como una maniobra de autoprotección oficialista. La negociación con los radicales expone además una tensión estructural de la coalición gobernante. La alianza entre el espacio libertario y sectores del PRO y de la UCR no tiene una conducción orgánica única, y cada socio preserva márgenes de autonomía que se vuelven más evidentes cuando el tema en discusión afecta reglas electorales. Los incentivos de cada actor no son idénticos, y esa divergencia es la que Santilli debe resolver antes de que el tiempo político se agote. El Gobierno llega a esta discusión con un capital político que no es ilimitado. Si la reforma fracasa, el costo no es solo legislativo: es la señal de que el oficialismo no controla su propia coalición cuando la presión aumenta. En ese escenario, la agenda de 2027 empieza a escribirse con una debilidad de origen que los adversarios políticos no van a desaprovechar.