viernes, 30 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno contrató una auditoría externa sobre represas con China

El Estado contratará un control externo sobre obras clave que se reactivaron con China y emplean a más de 200 trabajadores.

El Gobierno nacional avanzó en la licitación de un servicio de control externo sobre las represas que se construyen en el río Santa Cruz, con un presupuesto de $39.624 millones. La medida implica que el Estado contratará a terceros para auditar obras que son, al mismo tiempo, estratégicas para la política energética e históricamente conflictivas en términos diplomáticos e institucionales. El dato político central es que el Gobierno elige supervisar desde afuera lo que debería controlar desde adentro. Las obras en el río Santa Cruz tienen un historial denso. Fueron licitadas durante la gestión kirchnerista como parte de un acuerdo bilateral con China, paralizadas durante el macrismo por presiones ambientales e institucionales, y luego reactivadas en sucesivas etapas. Hoy ocupan a más de 200 trabajadores y forman parte de un esquema de financiamiento chino que el Estado argentino no puede ignorar sin costos diplomáticos e institucionales significativos. La decisión de tercerizar el control externo no es menor. Revela una tensión estructural del Estado argentino: la incapacidad u omisión de ejercer fiscalización directa sobre obras de alta sensibilidad política e inversión extranjera. Contratar una empresa privada para auditar represas cofinanciadas por China expone la debilidad del aparato técnico estatal, o bien una elección deliberada de distancia institucional. Desde el ángulo de la política exterior, la obra sigue siendo una pieza del vínculo con Beijing. El acuerdo que permitió la reactivación implicó negociaciones que ninguna administración argentina ha documentado con transparencia plena ante la ciudadanía. El control externo ahora licitado podría leerse como un gesto de auditoría hacia afuera, pero también como una forma de generar registros propios frente a un socio con enorme poder de presión contractual. Para la coyuntura doméstica, la licitación suma un nuevo frente de gasto en un contexto donde el Gobierno sostiene su discurso de ajuste fiscal. Casi $40.000 millones destinados a supervisar obras ya en ejecución es un dato que la oposición puede usar para cuestionar la coherencia entre el relato de austeridad y las decisiones concretas de contratación pública. El impacto regional también merece atención. Santa Cruz es territorio políticamente sensible: es la provincia de origen del kirchnerismo y un distrito donde las obras públicas funcionan históricamente como variable de empleo y negociación política. Los más de 200 puestos de trabajo activos en las represas no son un dato técnico neutro; son una palanca de influencia territorial que cualquier fuerza política en la provincia sabe leer. En síntesis, la licitación de control externo sobre las represas de Santa Cruz condensa varias tensiones simultáneas: la relación con China, la capacidad real del Estado de fiscalizar obras estratégicas, el equilibrio entre ajuste declarado e inversión ejecutada, y el peso político de la obra en un distrito clave. El Gobierno toma una decisión técnica que tiene consecuencias políticas en al menos tres frentes a la vez.