viernes, 30 de octubre de 2026
 
 
     
Una fiscalía especial reabre la causa por LIBRA contra Milei

La PIA apeló los sobreseimientos del juez Martínez De Giorgi y exige investigar el lanzamiento y colapso de la criptomoneda.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tomó una decisión que reactiva uno de los casos judiciales más sensibles para el gobierno de Javier Milei: apeló los sobreseimientos dictados por el juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa por el lanzamiento e inmediato derrumbe de la criptomoneda $LIBRA, que el propio Presidente promocionó públicamente. El organismo especializado asumió el impulso de la acción luego de que el fiscal Eduardo Taiano optara por no continuar con la investigación, y argumentó que todavía restan medidas de prueba esenciales para esclarecer los hechos. La maniobra judicial no es menor: implica que el caso no está cerrado e instala una presión institucional concreta sobre el Ejecutivo. El escándalo $LIBRA estalló cuando Milei difundió en redes sociales el lanzamiento del token, que trepó de precio de manera vertiginosa antes de desplomarse en horas. Miles de inversores minoristas perdieron dinero. La pregunta central que nunca fue respondida es si el entorno presidencial tenía información privilegiada antes del anuncio. Esa pregunta es, precisamente, la que la PIA considera pendiente e irresuelta. La decisión de Taiano de no avanzar generó críticas dentro del propio ecosistema judicial. La PIA, que tiene autonomía funcional respecto del Ministerio Público Fiscal ordinario, eligió intervenir para que el caso no muriera por omisión. Su apelación no garantiza que la investigación prospere, pero obliga al tribunal a revisar los fundamentos del sobreseimiento e impide que el expediente se archive silenciosamente. Desde el punto de vista político, el timing importa. A más de un año del episodio, el gobierno consolidó su posición electoral, pero los efectos reputacionales del caso nunca desaparecieron del todo. La oposición utilizó $LIBRA como símbolo de la gestión de Milei: un presidente que promociona negocios financieros opacos desde su cuenta oficial. Que la causa resurja en el calendario judicial agrega un ruido incómodo para la Casa Rosada. El juez Martínez De Giorgi deberá ahora resolver si acepta o rechaza la apelación de la PIA. Si la cámara que intervenga considera válidos los argumentos del organismo, la instrucción se reabrirá y habrá nuevas medidas de prueba. Eso podría incluir declaraciones de funcionarios, análisis de movimientos de billeteras cripto e indagaciones sobre quiénes conocían de antemano el lanzamiento. Cada uno de esos pasos tiene potencial de producir información políticamente dañina. El episodio expone además una tensión estructural del sistema judicial argentino: la capacidad de organismos especializados como la PIA de corregir omisiones del Ministerio Público ordinario. Que un fiscal decida no actuar no cierra necesariamente una causa; existen mecanismos institucionales de control que, en este caso, funcionaron. Eso es, en términos republicanos, una señal positiva, independientemente del resultado final del proceso. Para Milei, el riesgo no es únicamente jurídico. Es narrativo e institucional. Un presidente que llegó al poder cuestionando la corrupción del sistema anterior enfrenta ahora una investigación sobre una operación financiera que benefició a pocos e impactó negativamente a muchos. La PIA no acusa ni condena, pero sí dice que hay preguntas sin responder. En política, a veces eso es suficiente para instalar una duda que no se disipa fácilmente.