martes, 27 de octubre de 2026
 
 
     
El abogado de Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad

El abogado de Bullrich dejó su cargo después de señalar que un tribunal porteño manipulaba fallos de la justicia federal.

La salida de Julián Curi del Ministerio de Seguridad no es un simple cambio de funcionario: es una señal de las tensiones acumuladas entre el espacio de Patricia Bullrich e instituciones judiciales que operan en la Ciudad de Buenos Aires. Curi, abogado de confianza de la ministra e integrante de su equipo, presentó su renuncia después de hacer una denuncia pública e institucional contra un tribunal judicial porteño al que acusó de interferir en decisiones del fuero federal. La salida, en ese contexto, tiene menos de rutina administrativa y más de cortocircuito político con consecuencias aún difíciles de medir. El episodio pone sobre la mesa una disputa que en la Argentina tiene larga historia: la tensión entre la justicia ordinaria de la Ciudad y la justicia federal. Ambos fueros conviven en el mismo territorio pero responden a lógicas distintas, con competencias que muchas veces se superponen e intereses que no siempre coinciden. Las acusaciones de Curi apuntan a algo más grave que una simple superposición de competencias: hablan de una intervención activa de un tribunal porteño sobre decisiones que corresponden al orden federal. Desde el entorno de Bullrich, la denuncia de Curi no fue desmentida ni desautorizada. Eso implica, al menos en los hechos, un aval implícito a la lectura que hizo el funcionario antes de irse. El Ministerio de Seguridad queda así posicionado como un actor que percibe al Poder Judicial porteño como un obstáculo u operador político, lo cual agrega una dimensión institucional al conflicto que va más allá de la figura del exfuncionario. El contexto político importa. El gobierno de Javier Milei mantiene una relación compleja con distintos sectores del Poder Judicial, y Bullrich es una de las figuras del gabinete con mayor exposición en temas de seguridad e inteligencia. Cualquier movimiento en esa órbita tiene lecturas que exceden lo administrativo. La renuncia de un funcionario que sale haciendo una denuncia pública contra la Justicia instala una narrativa de persecución institucional que el oficialismo puede activar o desactivar según la conveniencia del momento. Tampoco es menor quién es Curi en este esquema. Su rol como abogado de Bullrich lo ubica en una posición de cercanía personal e institucional con la ministra. No es un técnico reemplazable sin costo político. Su salida, en los términos en que se produjo, deja una incomodidad que el Ministerio deberá administrar, ya sea respaldando la denuncia formalmente u optando por el silencio estratégico. Lo que subyace en este episodio es una pregunta más estructural: hasta dónde el gobierno nacional está dispuesto a confrontar con sectores judiciales en la Ciudad de Buenos Aires, un territorio que es al mismo tiempo la base electoral e institucional de varios actores del PRO con los que Milei mantiene una alianza siempre tensa. Mover ese tablero tiene costos que no se agotan en lo jurídico. La renuncia de Curi cierra un capítulo pero abre una interrogante sobre cómo el Ministerio de Seguridad procesa hacia adelante la denuncia que su propio exfuncionario dejó instalada. Si la acusación contra el tribunal porteño no tiene seguimiento formal, la salida de Curi quedará como un gesto sin respaldo. Si lo tiene, el conflicto entre el Ejecutivo nacional y sectores del Poder Judicial porteño ingresa en una fase más explícita e impredecible.