domingo, 25 de octubre de 2026
 
 
     
Lorenzetti aclara que la Corte no inhabilitó a Cristina Kirchner

El juez supremo desmintió que el máximo tribunal haya revisado el fondo de la condena en la causa Vialidad y reclamó cubrir las vacantes del cuerpo.

Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, salió a aclarar públicamente que el máximo tribunal no analizó la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner ni revisó el fondo de la condena dictada en la causa Vialidad. La aclaración no es un detalle técnico: es una intervención política de primer orden en un momento en que el kirchnerismo construye un relato de persecución judicial alrededor de la figura de la expresidenta, y en que la sociedad argentina observa con desconfianza creciente el funcionamiento del Poder Judicial. La causa Vialidad condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El tribunal oral que dictó esa sentencia tomó la decisión sobre la inhabilitación con base en el Código Penal, no por orden de la Corte. Lorenzetti, al salir a aclarar este punto, despeja una confusión que circuló en medios e instala una distinción que el debate público necesitaba: la Corte no ejecutó nada, solo procesó una instancia recursiva. La intervención de Lorenzetti tiene, sin embargo, una segunda dimensión que merece atención analítica. Al reclamar simultáneamente que se cubran las vacantes en la Corte Suprema, el juez expone una institución debilitada en su composición. El máximo tribunal funciona con tres miembros desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco e impone que cada fallo requiera unanimidad, lo que eleva el poder de veto individual de cada juez e introduce una rigidez institucional preocupante para causas de alta sensibilidad política. En ese marco, el pedido de Lorenzetti no es inocente ni puramente administrativo. Cubrir las vacantes significa redistribuir poder interno dentro de la Corte, modificar las mayorías posibles e introducir nuevos criterios interpretativos en un tribunal que tiene en su agenda causas de enorme impacto: la propia situación de Fernández de Kirchner, el financiamiento universitario, los fondos de la Ciudad de Buenos Aires e innumerables conflictos federales. Quien ocupe esas bancas determinará el perfil institucional del país por décadas. El gobierno de Javier Milei no ha mostrado urgencia por cubrir esas vacantes, lo que alimenta la sospecha de que la parálisis relativa del tribunal en ciertos temas puede resultarle funcional. Una Corte incompleta, que solo puede actuar por unanimidad, es más predecible e intervenible indirectamente a través de la presión sobre cualquiera de sus tres miembros. Lorenzetti, al reclamar la cobertura, también reclama autonomía institucional plena. El kirchnerismo, por su parte, necesita que la Corte aparezca como cómplice activa de la inhabilitación de su líder para sostener la narrativa de proscripción. La aclaración de Lorenzetti desarma esa lectura parcialmente, pero no alcanza para cerrar el debate político: la distinción entre lo que hizo u no hizo la Corte es técnicamente precisa pero políticamente insuficiente para quienes ya tienen una posición tomada sobre la legitimidad del proceso judicial contra Fernández de Kirchner. Lo que queda en evidencia es la fragilidad institucional del momento. La Corte Suprema necesita aclarar públicamente lo que hizo y lo que no hizo, opera con tres miembros en causas históricas y enfrenta un Poder Ejecutivo que no prioriza su integración completa. Lorenzetti habló, pero lo que reveló es más preocupante que tranquilizador: el árbitro máximo del sistema democrático argentino está incompleto, bajo presión y obligado a gestionar su propia legitimidad en tiempo real.