jueves, 22 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno licita $7.638 millones para ampliar la base de Ushuaia

La Resolución 733/2026 abre la competencia para construir galpones modulares en la Patagonia con un plazo de 548 días.

El Gobierno nacional lanzó una licitación por $7638 millones para ejecutar obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia, en el extremo sur del país. La Resolución 733/2026 fija un plazo de 548 días corridos para el ensamblaje de galpones modulares en la zona, e inaugura un proceso de adjudicación que concentra intereses económicos, estratégicos e institucionales de primer orden. La decisión no es solo una operación de infraestructura: es una señal sobre las prioridades geopolíticas de la administración en un área sensible como la Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ushuaia es la puerta de entrada logística a la Antártida argentina e históricamente el punto de apoyo de las operaciones navales en el extremo austral. Reforzar su base implica consolidar la presencia soberana en una región donde Argentina compite con otras potencias por influencia, recursos e interpretación del Tratado Antártico. La inversión, en ese marco, tiene un peso simbólico que excede la cifra nominal. El monto de $7638 millones en pesos en un contexto de inflación acumulada exige traducción: el valor real depende del tipo de cambio vigente al momento de la adjudicación e impacto en los pliegos. Esa variable condiciona quiénes pueden presentarse e incidir en la competencia. Las empresas con acceso a financiamiento en dólares o con estructura para absorber desfasajes cambiarios parten con ventaja estructural sobre las pymes del sector. El proceso de postulación, según establece la resolución, seguirá los mecanismos estándar de contratación pública. Sin embargo, la especificidad técnica de los galpones modulares en condiciones climáticas extremas reduce el universo de oferentes. Eso concentra la disputa en un puñado de empresas constructoras con experiencia en obras en zonas inhóspitas, lo que plantea preguntas sobre competencia real e independencia del proceso. Desde el punto de vista político, la licitación llega en un momento donde el Ejecutivo necesita mostrar ejecución presupuestaria en defensa e infraestructura. Las obras en Ushuaia permiten exhibir gestión concreta en un territorio que históricamente genera consenso transversal: pocas fuerzas políticas objetan públicamente la inversión en soberanía patagónica u antártica. Eso le otorga al Gobierno un margen de legitimidad relativamente cómodo. Aun así, la eficiencia en la ejecución será el verdadero termómetro. Argentina acumula antecedentes de obras militares e infraestructura estratégica con sobreprecios, demoras e incumplimientos contractuales. El plazo de 548 días es ambicioso para una construcción en condiciones extremas, e históricamente este tipo de proyectos en el sur termina con ampliaciones de plazos e incrementos de costos que multiplican el presupuesto original. El seguimiento del proceso licitatorio será clave para evaluar si la resolución representa una política de Estado coherente u una operación de visibilidad sin respaldo en capacidad ejecutora real. DATAPOLITICA seguirá la adjudicación, los oferentes y el desarrollo de las obras como indicador concreto del desempeño institucional del Gobierno en materia de infraestructura soberana.