jueves, 22 de octubre de 2026
 
 
     
Argentina suma al Cártel de Sinaloa y las FARC como grupos terroristas

El Gobierno incorporó al RePET a cinco organizaciones narco e insurgentes de México, Colombia y Ecuador, ampliando su mapa de amenazas externas.

El Gobierno argentino amplió su registro oficial de organizaciones terroristas con la incorporación de cinco grupos extranjeros: el Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y tres bandas vinculadas al crimen organizado de Ecuador u Colombia. La medida, formalizada a través del Registro Público de Personas y Entidades Terroristas (RePET), no es un gesto simbólico: tiene consecuencias legales directas sobre el financiamiento, la cooperación judicial y el monitoreo de activos vinculados a esas estructuras dentro del territorio nacional. El RePET es el instrumento creado por Argentina para cumplir con estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el marco de las recomendaciones del GAFI. Incorporar a un grupo a ese registro habilita medidas de congelamiento de bienes e intensifica las obligaciones de reporte del sistema financiero. No es una declaración de guerra, pero sí una declaración de posicionamiento. El ángulo político de la medida no es menor. El Gobierno de Javier Milei consolida con esta decisión una narrativa de seguridad regional que lo alinea con Washington y con los sectores más duros del debate latinoamericano sobre narcoestados. La designación del Cártel de Sinaloa, en particular, ocurre en un contexto donde Estados Unidos ya tomó medidas similares y presiona a sus socios regionales para hacer lo propio. Las FARC-EP, por su parte, representan un caso distinto. La facción disidente que conserva ese nombre rechazó los acuerdos de paz de 2016 y continuó operando militarmente en Colombia y con ramificaciones en Ecuador. Su inclusión en el RePET argentino refleja una lectura del conflicto colombiano que se aparta de la posición dialoguista y se acerca a la de sectores que consideran agotada la vía negociadora. Para Argentina, la medida tiene implicancias concretas en la agenda de seguridad interior. El avance del narco en provincias del norte y el uso del sistema financiero local para lavar dinero de organizaciones transnacionales son problemas documentados. Nombrar a esos actores en el RePET es un paso administrativo, pero también una señal política hacia las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y los organismos de inteligencia sobre cuáles son las prioridades del Ejecutivo. La decisión también puede leerse en clave de política exterior. Argentina busca reposicionarse en foros multilaterales de seguridad y esta medida refuerza su perfil de aliado confiable en la lucha contra el crimen organizado transnacional. En un año donde la relación con el FMI y con inversores externos es central para la estabilidad del programa económico, mostrarse alineado con los estándares del GAFI tiene un valor que va más allá de lo estrictamente policial. El interrogante que queda abierto es si la designación formal vendrá acompañada de capacidades reales para hacerla efectiva. Argentina arrastra déficits históricos en inteligencia criminal, cooperación interprovincial y recursos para el seguimiento de activos ilícitos. Sin inversión concreta en esas áreas, la medida corre el riesgo de quedar como una declaración de intenciones bien titulada pero con escaso impacto operativo.