jueves, 22 de octubre de 2026
 
 
     
Lousteau cuestionó dar ciudadanía argentina a cambio de inversión

El senador radical cuestionó el programa que otorga ciudadanía argentina a cambio de una inversión y advirtió sobre sus consecuencias institucionales.

El senador Martín Lousteau salió a cuestionar públicamente el programa de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno nacional, conocido como "pasaporte dorado", que ofrece la nacionalidad argentina a cambio de un desembolso de USD 350.000. La iniciativa, presentada por la administración libertaria como una herramienta de atracción de capital extranjero, abre en realidad un debate de fondo sobre qué significa ser ciudadano argentino e incluye dimensiones que van mucho más allá de la política migratoria convencional. El programa habilita a extranjeros a obtener ciudadanía argentina mediante una inversión económica, sin los plazos de residencia habituales que exige la legislación vigente. Eso significa acceso a derechos políticos plenos, incluyendo el voto, en un esquema que no contempla ningún vínculo previo con el territorio u la sociedad argentina. La velocidad del trámite y la ausencia de requisitos de integración son los ejes centrales de la crítica opositora. Lousteau concentró sus cuestionamientos en tres vectores concretos: el impacto sobre los derechos políticos de ciudadanos naturalizados por vía económica, las facilidades de movilidad internacional que otorga el pasaporte argentino, y las implicancias sobre la legislación que restringe la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Los tres puntos tocan nervios sensibles del ordenamiento jurídico argentino e instalan preguntas que el Gobierno no respondió con claridad. En términos históricos, Argentina tuvo políticas de atracción migratoria amplias desde el siglo XIX, pero siempre asociadas a la radicación efectiva y la integración cultural. La lógica del "pasaporte dorado" invierte esa tradición: no se busca que el inversor viva en el país, sino que deposite capital a cambio de un documento. Varios países europeos adoptaron esquemas similares y luego los desmantelaron bajo presión de la Unión Europea por facilitar el lavado de activos y el ingreso de capitales de origen dudoso. El riesgo de que el programa funcione como vía de blanqueo encubierto u de evasión de sanciones internacionales no es menor. El pasaporte argentino habilita el ingreso sin visa a decenas de países, lo que convierte a la ciudadanía en un activo de movilidad geopolítica. Esa característica es precisamente lo que hace atractivo el esquema para inversores que buscan alternativas a pasaportes de países bajo restricciones diplomáticas o sanciones. La tensión con la Ley de Tierras sancionada en 2011 agrega otra capa de complejidad. Esa norma limita la proporción de suelo rural que puede estar en manos extranjeras. Si un inversor obtiene ciudadanía argentina por la vía económica, técnicamente deja de ser "extranjero" a los efectos de esa restricción. El resultado podría ser una puerta lateral para la concentración de tierras productivas en manos de capitales foráneos, contradiciendo el espíritu de una legislación que tuvo amplio consenso parlamentario. El Gobierno presentó el programa como una señal de apertura y confianza en la Argentina, pero la ausencia de debate legislativo previo y la falta de mecanismos de control transparentes debilitan esa narrativa. Lousteau puso en el centro de la discusión algo que la oposición todavía no terminó de articular como bloque: los límites entre la desregulación económica y la desregulación de la ciudadanía son muy distintos, y confundirlos tiene consecuencias institucionales que ningún balance de inversión puede compensar.