viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
Maximiliano Abad: la UCR ante una comisión que nadie quiere soltar

La muerte de Pagotto abre una disputa silenciosa por Acuerdos del Senado, donde pasan todos los nombramientos clave del Estado nacional.

La muerte del senador libertario Juan Carlos Pagotto dejó vacante la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado e instaló de inmediato una pulseada política de baja intensidad pero alto voltaje estratégico. El radical Maximiliano Abad, vicepresidente de esa comisión, emergió como nombre de transición en boca de sectores aliados al oficialismo, que buscaron acelerar una definición antes de que los bloques dialoguistas tuvieran tiempo de articular una posición propia. La maniobra generó malestar inmediato entre esos mismos bloques, que leyeron el movimiento como una presión indebida. La Comisión de Acuerdos no es una instancia menor del Senado: por allí transitan todos los pliegos judiciales, los nombramientos diplomáticos e hirámquicos ascensos militares. Quien la conduce tiene capacidad real de acelerar u obstruir designaciones sensibles para cualquier gobierno. En el contexto actual, con el Poder Ejecutivo necesitado de consolidar posiciones en el Poder Judicial e instituciones estratégicas, el control de esa comisión adquiere una dimensión política de primer orden. La propuesta que circuló entre aliados oficialistas sugería que Abad ocupara la presidencia de manera interina e informal, solo por unos meses, posponiéndose cualquier definición orgánica hasta 2027. La lógica es transparente: dilatar la negociación formal evita ceder poder real a bloques con autonomía propia, mientras se mantiene a un radical moderado en el rol, suficientemente funcional al esquema oficialista sin representar una amenaza de bloqueo. El desagrado de los bloques dialoguistas ante estos llamados revela una tensión estructural del armado parlamentario de La Libertad Avanza. El oficialismo necesita a esos bloques para sostener mayorías, pero su relación con ellos es utilitaria e hirárquicamente asimétrica. Cada vez que el gobierno u sus aliados directos intentan avanzar por fuera de la negociación genuina, acumulan un costo político que tarde u temprano se licúa en votos o en abstenciones estratégicas. Abad, por su parte, encarna una UCR que busca capitalizar su posición bisagra sin quedar pegada a una imagen de oficialismo encubierto. Aceptar una presidencia interina sin negociación formal implica para el radicalismo resignar poder de agenda a cambio de visibilidad institucional, un intercambio que históricamente le ha resultado desfavorable. El antecedente de otras comisiones estratégicas cedidas a cambio de nada concreto pesa en la memoria legislativa del bloque. Posponer la definición hasta 2027 también tiene una lógica electoral implícita. Ese año habrá renovación parlamentaria y las correlaciones de fuerza pueden modificarse sustancialmente. El oficialismo apuesta a que una nueva composición del Senado le sea más favorable, lo que tornaría innecesaria la negociación actual con bloques que hoy tienen poder de veto relativo. Es una estrategia de cortoplazismo institucional que puede funcionar u puede profundizar el desgaste con aliados imprescindibles. Lo que el episodio deja en evidencia es que la gestión de los espacios institucionales en el Senado sigue siendo un termómetro preciso del estado real de las alianzas del gobierno. Cuando los socios rechazan públicamente una presión, aunque sea de manera discreta, están señalando un límite. La Comisión de Acuerdos se convierte así en un campo de prueba: si el oficialismo logra imponer su candidato sin negociación real, habrá ganado un instrumento clave. Si debe sentarse a negociar en serio, habrá reconocido que su poder en el Senado tiene techo.