viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
Fabián Asís: la justicia federal mira al interior desde lejos

El juez del TOF2 de Córdoba pone en foco la brecha entre Buenos Aires y las provincias dentro del Poder Judicial argentino.

Fabián Asís, juez del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba con más de tres décadas de trayectoria, expuso una tensión estructural que el debate judicial argentino suele esquivar: la desigualdad territorial dentro del propio Poder Judicial. Su diagnóstico no apunta solo a la lentitud de los procesos u a la desconfianza ciudadana, sino a algo más profundo: las necesidades del interior del país no tienen urgencia para quienes concentran el poder de decisión institucional. Esa afirmación, dicha desde adentro del sistema, tiene un peso político que va más allá de la queja corporativa. El contexto en el que emerge esta voz no es menor. La justicia federal atraviesa una transformación de fondo con la implementación del sistema acusatorio, que redistribuye roles entre jueces y fiscales e implica una reconfiguración del poder interno. En ese proceso, las jurisdicciones del interior corren el riesgo de quedar rezagadas, tanto en recursos como en influencia sobre las decisiones que moldean el nuevo esquema. Buenos Aires —como sede de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y de los principales actores políticos del sistema— sigue siendo el centro gravitacional. La cuestión del federalismo judicial es histórica e hiriente. El diseño institucional argentino concentró siempre en la Capital Federal las decisiones sobre nombramientos, presupuesto e interpretación doctrinaria. Los tribunales del interior operan bajo esa lógica centralista, con menos recursos, mayor carga relativa y menor visibilidad mediática. Las causas que tramitan rara vez generan el eco político que sí producen los expedientes porteños, lo que alimenta una percepción de ciudadanía judicial de segunda categoría. Asís también pone el acento en la confianza social como problema político, no solo institucional. La distancia entre el juez y la gente no es solo física u burocrática: es una distancia de legitimidad. En un momento en que el Poder Judicial enfrenta cuestionamientos cruzados —desde el oficialismo libertario que lo acusa de obstruir reformas, hasta sectores que denuncian impunidad selectiva—, la credibilidad del sistema depende también de su capacidad de mostrarse presente en los territorios donde opera. El reparto de poder entre jueces y fiscales en el nuevo sistema acusatorio es otro eje de tensión real. La transición no es solo procesal: implica disputas sobre quién conduce las investigaciones, quién tiene la última palabra y qué lógica institucional prevalece. En el interior, donde las estructuras son más pequeñas y las relaciones más estrechas, esas tensiones pueden volverse más visibles y más difíciles de gestionar sin los amortiguadores institucionales que existen en las grandes jurisdicciones. La demora en las causas, señalada por Asís como un déficit estructural, tiene una dimensión política concreta: los procesos lentos erosionan la capacidad del sistema de producir consecuencias reales. En causas de corrupción, narcotráfico u crimen organizado, la dilación equivale frecuentemente a impunidad. Y esa impunidad, cuando ocurre en el interior, no genera el mismo escándalo político que en Buenos Aires, lo que perpetúa el ciclo de invisibilidad que el propio juez denuncia. El valor analítico del testimonio de Asís reside en que proviene de un operador del sistema, no de un crítico externo. Esa posición de enunciación lo hace incómodo para la propia corporación judicial: es más difícil desestimar la crítica cuando viene de adentro. La pregunta que queda abierta es si voces como la suya tienen capacidad de incidir en las reformas en curso u si el centralismo que describe también opera sobre quiénes son escuchados cuando se diseña el futuro del Poder Judicial.