viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
Antonela Giampieri impulsa reforma a la ley de Salud Mental

La diputada propone habilitar internaciones involuntarias y reabrir hospitales psiquiátricos, chocando con la ley vigente desde 2010.

La diputada nacional Antonela Giampieri presentó una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental que modifica tres ejes centrales: las internaciones involuntarias, el rol de los hospitales psiquiátricos e instituciones monovalentes, e instrumentos de prevención del suicidio. La iniciativa reactiva un debate que el sistema político argentino viene postergando desde hace años, y que divide aguas entre sectores de la salud, el activismo en derechos humanos e intereses sanitarios provinciales. La ley vigente, sancionada en 2010 bajo el número 26.657, representó en su momento un cambio de paradigma: prohibió progresivamente las internaciones en hospitales psiquiátricos y exigió la integración de personas con padecimientos mentales en hospitales generales e instituciones comunitarias. Ese modelo, inspirado en la Declaración de Caracas de 1990, tuvo apoyo de organismos internacionales pero encontró resistencia estructural en un sistema sanitario que nunca terminó de adaptarse. La reforma que impulsa Giampieri apunta precisamente a esa brecha entre el texto legal e institucional y la realidad cotidiana del sistema. La propuesta de habilitar internaciones involuntarias bajo criterios más amplios responde a demandas concretas de familias e instituciones que hoy quedan sin herramientas legales frente a cuadros de riesgo cierto. El debate no es menor: la línea entre proteger al paciente y vulnerar su autonomía es el núcleo ético de toda política de salud mental. La reincorporación de hospitales psiquiátricos como dispositivos válidos dentro del sistema es quizás el punto más polémico. Para los sectores que impulsaron la ley de 2010, eso implica un retroceso hacia lógicas de encierro e institucionalización. Para los reformistas, la desarticulación de esos hospitales sin una red comunitaria que los reemplazara generó un vacío que hoy pagan los sectores más vulnerables, que terminan en situación de calle u hospitalizados en condiciones peores. En términos políticos, la iniciativa llega en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei redujo el presupuesto en salud pública y desfinanció programas de atención comunitaria. Eso genera una contradicción: reformar la ley para ampliar dispositivos institucionales mientras el Estado nacional achica su capacidad de financiarlos. El Congreso deberá procesar esa tensión sin que exista aún un consenso presupuestario que respalde los cambios normativos. El eje de prevención del suicidio que incorpora la reforma es el menos controversial y el más urgente desde la perspectiva epidemiológica. Las cifras de suicidio en adolescentes y jóvenes en Argentina mostraron incrementos sostenidos en los últimos años, y el sistema carece de protocolos unificados y recursos humanos especializados. Incorporar ese eje a la ley puede ser el punto de entrada para sumar apoyos transversales a una iniciativa que de otro modo enfrenta resistencias ideológicas fuertes. El recorrido legislativo de esta reforma será largo y disputado. La experiencia argentina con la ley de 2010 mostró que sancionar una norma progresista sin garantizar implementación produce exactamente el resultado contrario al buscado. Giampieri tiene el desafío de construir una mayoría legislativa al mismo tiempo que demuestra que esta vez habrá recursos, infraestructura y voluntad política para que los cambios ocurran en la práctica y no solo en el papel.