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| lunes, 2 de noviembre de 2026 |
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La Justicia define si los acusados por el AMIA van a juicio oral
La Cámara Federal convocó a una audiencia para el 24 de noviembre que puede habilitar el juicio en ausencia de los iraníes y libaneses imputados.
La Cámara Federal de Apelaciones revisará los procesamientos de los ciudadanos iraníes y libaneses acusados del atentado a la AMIA, el mayor acto de terrorismo ocurrido en suelo argentino, que dejó 85 muertos el 18 de julio de 1994. La audiencia convocada para el 24 de noviembre representa una bisagra procesal: si el tribunal ratifica los procesamientos, queda despejado el camino para avanzar con un juicio oral en ausencia de los imputados, algo que nunca ocurrió en los 32 años transcurridos desde la masacre.
El caso AMIA concentra una de las cadenas de impunidad más largas y escandalosas de la historia judicial argentina. Décadas de obstrucción, encubrimientos institucionalizados e interferencias diplomáticas convirtieron a esta causa en un símbolo de la incapacidad del Estado para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio nacional. La figura del juicio en ausencia, incorporada al ordenamiento procesal argentino precisamente para casos como este, es la única vía disponible cuando los acusados no son extraditables.
Irán nunca colaboró con la justicia argentina. Los acusados, entre ellos ex funcionarios del gobierno iraní e integrantes de Hezbollah, operan desde países que no reconocen la jurisdicción argentina ni tienen tratados de extradición vigentes. Esa realidad convierte al juicio en ausencia en una herramienta política y jurídica al mismo tiempo: no garantiza condenas ejecutables, pero produce verdad jurídica oficial sobre los responsables del ataque.
La decisión de la Cámara Federal tiene implicancias que van más allá del expediente. En un contexto donde la relación entre Argentina e Irán estuvo marcada por el fallido memorándum de entendimiento firmado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner —un acuerdo que buscó crear una comisión conjunta de investigación y fue declarado inconstitucional por la Justicia—, cualquier avance concreto en el proceso tiene carga política inevitable.
El gobierno de Javier Milei ha colocado a Israel y a los Estados Unidos en el centro de su política exterior, lo que implica una alineación implícita con la narrativa que señala a Irán como responsable del atentado. En ese marco, un avance judicial en la causa AMIA no es ajeno al clima geopolítico: refuerza internamente una posición diplomática que ya se sostiene en otros frentes. La Justicia actúa, pero no lo hace en un vacío político.
Lo que el tribunal resuelva el 24 de noviembre determinará si Argentina está en condiciones de producir un veredicto histórico sobre el peor atentado terrorista de su historia u si la causa vuelve a quedar atrapada en una nueva dilación procesal. Para las familias de las víctimas, cada audiencia es una nueva prueba de resistencia ante un sistema que rara vez les dio respuestas concretas.
El caso AMIA mide, en definitiva, la capacidad real del Estado argentino para sostener procesos judiciales complejos con actores internacionales hostiles. La audiencia de noviembre es un paso necesario, pero la historia de esta causa obliga a la cautela: los avances procesales en el expediente AMIA han sido históricamente más lentos que la erosión de la memoria colectiva sobre lo que ocurrió aquella mañana de julio de 1994.Más noticias de Datapolítica
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