lunes, 2 de noviembre de 2026
 
 
     
Una jueza defiende que ser magistrada sin contactos es posible

La camarista civil desafía la visión de que la Justicia argentina se accede solo por contactos. Habla de meritocracia y reformas pendientes.

Paula Castro, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, salió a defender una tesis incómoda para el sistema judicial argentino: que el mérito y el trabajo sostenido pueden reemplazar al padrinazgo político como vía de acceso a la magistratura. La declaración no es menor. En un contexto donde el debate sobre la reforma judicial ocupa la agenda pública desde hace años, una voz desde adentro del Poder Judicial que reivindica la meritocracia institucional tiene peso político propio, más allá de las intenciones de quien la emite. Castro recorrió un camino que ella misma describe como ascendente desde posiciones auxiliares hasta llegar a la Cámara. Ese recorrido interno, conocido en la jerga judicial como el sistema de meritorios, es uno de los pocos canales formales que existen dentro del Poder Judicial para progresar sin pertenecer a una red de lealtades partidarias. Sin embargo, ese mismo sistema es cuestionado por quienes señalan que reproduce sus propias formas de clientelismo interno, donde el favor del juez superior reemplaza al favor del político de turno. El timing de estas declaraciones no es casual. El sistema judicial argentino atraviesa una crisis de legitimidad profunda. Los cuestionamientos van desde la velocidad de los procesos hasta la independencia real de los jueces frente al poder político y económico. En ese marco, el testimonio de Castro puede leerse como un intento de reconstruir confianza institucional desde adentro, pero también como una lectura parcial de una realidad mucho más compleja. Lo que Castro no aborda directamente es la tensión estructural del sistema de designación de jueces en Argentina. El Consejo de la Magistratura, que debería ser el filtro técnico e imparcial, ha sido históricamente un campo de disputa entre bloques políticos que buscan colonizar el Poder Judicial. Los concursos existen, pero los nombramientos finales dependen de decisiones políticas en el Senado. Ese nudo gordiano no se resuelve con relatos individuales de superación profesional. Aun así, el planteo de Castro instala una pregunta legítima: ¿cuánto del pesimismo sobre la Justicia argentina es descripción objetiva y cuánto es profecía autocumplida que desalienta a profesionales capaces de seguir caminos institucionales? La respuesta importa porque el sistema judicial se alimenta de los abogados y abogadas que deciden o no postularse a la carrera judicial. Si la percepción dominante es que sin contactos no hay futuro, muchos talentos se desvían hacia el sector privado. Desde una perspectiva editorial, el discurso de Castro es valioso como contrapunto, pero insuficiente como diagnóstico. Una Justicia más rápida e independiente no se construye solo con jueces trabajadores y bien formados. Requiere reformas procesales concretas, financiamiento adecuado, tecnología y sobre todo, reglas de designación que reduzcan la influencia política directa sobre los cuerpos judiciales. El debate que abre Castro, aunque acotado, es parte de una discusión más amplia que Argentina no termina de saldar: cómo construir instituciones judiciales que funcionen con lógica profesional en un sistema político que históricamente las trató como botín. Esa tensión seguirá irresuelta mientras el diseño institucional no cambie de fondo, independientemente de los méritos individuales de quienes integran la magistratura.