domingo, 1 de noviembre de 2026
 
 
     
Dueño de Suizo Argentina pide anular pruebas del allanamiento

Uno de los dueños de Suizo Argentina busca excluir evidencia obtenida en su domicilio y recuperar el dinero secuestrado por la Justicia.

Uno de los hermanos Kovalivker, copropietario de la droguería Suizo Argentina, desplegó una ofensiva judicial para desmantelar la investigación que lo vincula con maniobras de corrupción en el área de Discapacidad del Estado argentino. Tras lograr postergar su indagatoria, el empresario presentó un pedido formal para que se excluyan las pruebas obtenidas durante el allanamiento a su domicilio e impulsó la devolución del dinero que fue secuestrado en ese operativo. La maniobra no es técnica: es política, e ilustra cómo los imputados con recursos intentan desactivar las causas antes de que lleguen a instancias críticas. Suizo Argentina es una de las empresas proveedoras más grandes del sistema de salud estatal argentino. Su posición dominante en el mercado farmacéutico mayorista le otorgó durante años una gravitación inusual sobre los organismos públicos que gestionan medicamentos e insumos para personas con discapacidad, un sector históricamente vulnerable a la sobrecontratación, la sobrefacturación e intermediarios innecesarios. La investigación judicial que hoy presiona a los Kovalivker es parte de un proceso más amplio de revisión de esas contrataciones. La estrategia de pedir la nulidad de la evidencia recolectada en allanamientos es uno de los recursos defensivos más clásicos del derecho penal argentino. Sin embargo, su efectividad real es limitada: los jueces suelen validar los allanamientos cuando fueron ordenados con orden judicial previa. Que la defensa apele a este recurso revela, más que una fortaleza legal, la urgencia por frenar el avance del expediente antes de que la indagatoria quede firme. Lo que ocurre en este expediente no puede leerse de manera aislada. El área de Discapacidad del Estado argentino concentró durante años un volumen considerable de gasto público con controles débiles e instituciones capturadas por intereses privados. La combinación de beneficiarios vulnerables, fondos millonarios e intermediarios poderosos generó un ecosistema propicio para la corrupción sistemática, que recién comenzó a desarticularse bajo presión judicial e institucional. La postergación de la indagatoria, conseguida antes de este nuevo planteo, es otro indicador de la capacidad de los imputados para dilatar los tiempos procesales. En causas de corrupción empresarial, esa dilación suele ser funcional a la prescripción u otros mecanismos de extinción de la acción penal. Cada mes ganado es un mes menos de exposición judicial para los acusados. La presión sobre la prueba obtenida en el allanamiento también tiene una dimensión simbólica: si prospera, envía una señal negativa a las fuerzas de seguridad e investigadores sobre la utilidad de los operativos en causas de corrupción empresarial. Si fracasa, consolida el expediente e impulsa el avance hacia instancias más contundentes, como el procesamiento formal. El caso Kovalivker es un termómetro del estado de la Justicia argentina frente a la corrupción en el sector salud. La capacidad del sistema para resistir las ofensivas defensivas de los imputados con poder económico e influencia determinará no solo el destino de este expediente, sino también la credibilidad de futuras investigaciones sobre contrataciones irregulares con el Estado.