lunes, 2 de noviembre de 2026
 
 
     
Cristian Ritondo quiere bloquear celulares en todas las cárceles

El diputado del PRO impulsa instalar inhibidores en penales nacionales para impedir que presos coordinen delitos desde adentro.

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo presentó un proyecto de ley para obligar al sistema penitenciario federal a instalar equipos de inhibición y detección de señales móviles en todos los establecimientos carcelarios del país. La iniciativa apunta a cortar la comunicación de internos que, desde las celdas, continúan organizando actividades delictivas. Más allá de su contenido técnico, el proyecto revela una decisión política clara del PRO: reposicionarse en el terreno de la seguridad como marca propia, en un momento en que ese espacio discursivo está siendo ocupado con fuerza por el gobierno de Javier Milei. El PRO atraviesa una etapa de redefinición identitaria desde que dejó el poder ejecutivo nacional en 2023. Sin ministerios propios e integrado de manera subordinada a la coalición libertaria, el partido de Mauricio Macri busca diferenciarse sin romper. La seguridad fue históricamente uno de sus ejes de campaña más efectivos, especialmente en el conurbano bonaerense y en distritos urbanos donde el miedo al delito estructura el voto. La propuesta de Ritondo no surge en el vacío. En los últimos años, múltiples investigaciones judiciales confirmaron que jefes narcos y líderes de bandas organizadas seguían operando desde prisión a través de teléfonos celulares ingresados de manera ilegal. El caso más resonante fue el de la banda de Los Monos en Santa Fe, pero el fenómeno se repite en cárceles de todo el país. La inhibición de señales es una solución técnicamente disponible que, sin embargo, el Estado nacional nunca implementó de forma sistemática. Desde una perspectiva analítica, el proyecto cumple una doble función. Por un lado, instala al PRO como impulsor de una agenda concreta de seguridad institucional, con nombre y apellido legislativo. Por otro, le permite a Ritondo —uno de los dirigentes mejor posicionados dentro del armado bonaerense del partido— proyectar perfil propio sin depender de la agenda del Ejecutivo nacional. En un espacio opositor fragmentado, tener iniciativa legislativa propia tiene valor político inmediato. La iniciativa también expone una tensión no resuelta dentro de la coalición oficialista. Si el gobierno de Milei apoya el proyecto, valida una agenda que el PRO presenta como propia. Si lo ignora u obstaculiza, habilita al PRO a correrse levemente hacia una posición más autónoma sin romper la alianza. Es el tipo de movimiento legislativo que genera dividendos políticos casi sin costo. El antecedente más directo es la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, cuando el PRO intentó instalar inhibidores en cárceles federales con resultados parciales e inconsistentes. Que el partido retome ese eje en 2026, desde la oposición legislativa, sugiere que la estrategia es reforzar la memoria de gestión propia en seguridad de cara al ciclo electoral que se aproxima. El proyecto de Ritondo puede avanzar o quedar cajoneado según la dinámica parlamentaria. Pero su lanzamiento ya cumplió su objetivo principal: recordarle al electorado de centro-derecha que el PRO tiene propuestas concretas e historial en el tema. En un escenario donde Milei monopoliza el antiestatismo y la economía, la seguridad es quizás el único carril donde el PRO puede pedalear con identidad propia.
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