lunes, 2 de noviembre de 2026
 
 
     
El Gobierno quiere cambiar las reglas electorales bonaerenses

Casa Rosada impulsa cambiar las reglas electorales bonaerenses para evitar repartir cargos con radicales y PRO en 2027.

El Gobierno nacional respalda la reelección indefinida de intendentes bonaerenses como herramienta para construir una alianza electoral amplia detrás de Diego Santilli, con el PRO y la UCR como socios estratégicos, orientada a enfrentar al kirchnerismo en las elecciones de 2027. La jugada no es solo electoral: es una ingeniería institucional que busca reducir la presión de los aliados por cargos, ofreciéndoles a cambio continuidad en sus propios territorios. El mecanismo es tan simple como eficaz: si los intendentes aliados pueden reelegirse sin límite, necesitan menos compensaciones del armado central. El contexto es el de una provincia de Buenos Aires donde el peronismo kirchnerista conserva una estructura territorial formidable. Axel Kicillof gobierna la provincia y el PJ mantiene la mayoría de los municipios del conurbano. Para cualquier fuerza opositora, competir en ese terreno sin una coalición sólida y coordinada es prácticamente inviable. El desafío del Gobierno no es solo ganar, sino presentarse unido sin que la alianza explote por disputas de candidaturas. La figura de Santilli como candidato aglutinador ya circula con fuerza en la Casa Rosada. Su perfil, moderado y con experiencia en el territorio bonaerense, lo posiciona como el nombre capaz de contener tanto al PRO como a sectores del radicalismo que desconfían de los extremos. Pero la UCR tiene sus propias ambiciones distritales e históricamente resistió ser absorbida por estructuras ajenas sin garantías concretas. Aquí entra la reelección indefinida como moneda de cambio. Si un intendente radical sabe que puede continuar en su municipio sin depender de una lista negociada con el PRO o con La Libertad Avanza, tiene menos incentivos para boicotear el armado provincial. La reforma actúa como un seguro de territorialidad para los socios menores de la coalición, reduciendo fricciones que en el pasado dinamitaron alianzas similares. El antecedente más cercano es Juntos por el Cambio: la coalición que llevó a María Eugenia Vidal a la gobernación en 2015 funcionó mientras los incentivos estaban alineados, pero se deterioró progresivamente por la disputa de espacios. La reelección indefinida apunta a neutralizar ese problema de raíz, aunque genera una tensión democrática evidente: beneficia a incumbentes y cristaliza poderes locales que pueden volverse difíciles de controlar a largo plazo. La oposición kirchnerista ya anticipó su rechazo, leyendo la reforma como un mecanismo para blindar estructuras opositoras en municipios que hoy no controlan. Kicillof enfrenta, además, sus propias tensiones internas con el sector de Cristina Fernández de Kirchner, lo que podría distraer al peronismo de una respuesta coordinada a este movimiento. En definitiva, el Gobierno apuesta a ganar la provincia de Buenos Aires cambiando las reglas antes de jugar el partido. La reelección indefinida es menos una convicción institucional que una táctica de armado: una reforma diseñada no para mejorar la democracia bonaerense, sino para resolver el problema de cómo mantener unida una coalición heterogénea frente al desafío electoral más exigente del país.