sábado, 31 de octubre de 2026
 
 
     
Seis gobernadores no podrán reelegirse en 2027

Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego ya tienen sus cargos en disputa. La renovación de poder empieza ahora.

El mapa del poder territorial argentino enfrenta una transformación de fondo: seis gobernaciones quedarán vacantes en 2027 porque sus titulares agotan los mandatos permitidos por sus constituciones provinciales. Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego son los distritos donde la pelea por la sucesión ya comenzó, mucho antes de que se abra formalmente la temporada electoral. La magnitud del fenómeno no es menor: se trata de provincias con peso demográfico, político e institucional muy dispar, pero todas comparten el mismo efecto político inmediato: la incertidumbre interna en los partidos gobernantes explota antes de tiempo. Cuando un gobernador no puede reelegirse, pierde automáticamente una parte sustancial de su autoridad. El poder provincial funciona en gran medida sobre la base de la expectativa de continuidad: los intendentes, legisladores e incluso los propios ministros calibran su lealtad en función de quién controlará los recursos del Estado en el próximo ciclo. Sin esa certeza, los bloques internos comienzan a moverse con autonomía propia, los potenciales candidatos a sucesores activan sus redes y el gobernador saliente queda en una posición de liderazgo en declive, aunque todavía tenga meses de gestión por delante. El caso de la provincia de Buenos Aires tiene una dimensión nacional que los demás no alcanzan. Axel Kicillof, que no podría ser reelecto en 2027, gobierna el distrito más poblado del país y el que concentra el mayor caudal electoral del peronismo. Su sucesión no es un asunto bonaerense solamente: es una disputa que atraviesa al kirchnerismo, al peronismo no kirchnerista e incluso condiciona las estrategias de la oposición nacional. Quién lo reemplace definirá en parte la arquitectura del peronismo de cara a 2027. Mendoza presenta una lógica diferente. El radicalismo gobernante enfrenta la transición en un contexto donde la coalición opositora nacional está fragmentada y donde el partido centenario busca recuperar identidad propia. La provincia cuyana fue históricamente un laboratorio de construcción de poder no peronista, y la sucesión de Alfredo Cornejo —que tampoco podría repetir mandato— será una prueba de la capacidad del radicalismo para renovarse sin perder el control de su bastión más sólido. En Catamarca, La Rioja y La Pampa, la dinámica es más cerrada pero no menos intensa. Son provincias donde el peronismo local lleva décadas de hegemonía casi ininterrumpida y donde los liderazgos fuertes suelen construir sucesores a su imagen. La pregunta en esos casos no es si el peronismo local ganará, sino quién dentro del peronismo local será ungido heredero y en qué condiciones. Esa definición interna suele ser más competitiva y conflictiva que la elección general. A este escenario se suma la situación de Tucumán y Salta, donde los problemas no son de límites a la reelección sino de disputas constitucionales que podrían llegar a la Corte Suprema. Esos conflictos agregan una capa de judicialización al mapa político provincial, un fenómeno que ya se normalizó en Argentina y que convierte a los tribunales en árbitros de cuestiones que deberían resolverse por vía política. La intervención de la Corte en asuntos electorales provinciales tiene antecedentes complejos y siempre genera tensiones institucionales. El resultado de todo este proceso es que 2027 empieza a jugarse en 2026. Los actores que hoy parecen secundarios en esas seis provincias están en este momento construyendo las alianzas, los discursos y los apoyos que definirán quién llega con chances reales a la largada electoral. La política argentina raramente espera a los calendarios: los poderes en retirada aceleran el tiempo de sus sucesores.