sábado, 31 de octubre de 2026
 
 
     
Argentina celebra 43 años del regreso a la democracia

El regreso al voto en octubre de 1983 marcó un antes y un después en la historia argentina. Un análisis de lo que esa elección dejó.

El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganó la presidencia argentina y terminó con siete años de dictadura militar. No fue solo una elección: fue el momento en que una sociedad devastada por el terror estatal decidió que la política podía ser otra cosa. Cuarenta y tres años después, esa fecha sigue siendo un espejo incómodo para mirar el presente. La victoria de Alfonsín sobre el peronismo —algo que muy pocos analistas anticipaban como posible— reorganizó el mapa político argentino de un modo que todavía resuena. La Unión Cívica Radical obtuvo el 51,7% de los votos, una mayoría absoluta que no volvió a repetirse en democracia. El peronismo, que se creía imbatible en elecciones libres, enfrentó su primera derrota en comicios sin proscripciones. Ese resultado sacudió estructuras partidarias que aún hoy cargan con ese trauma fundacional. Lo que estaba en juego en 1983 no era solo quién gobernaba: era si la Argentina podía construir instituciones capaces de procesar sus conflictos sin recurrir a la violencia. Alfonsín llegó con una promesa que sonaba casi utópica después de la última dictadura cívico-militar: que la democracia no solo era un sistema de gobierno, sino una forma de vida. Con esa promesa convocó a millones que nunca habían votado y a otros que lo habían hecho bajo condiciones de exclusión política sistemática. Sin embargo, el análisis honesto de estas cuatro décadas obliga a separar el valor simbólico del 30 de octubre de sus resultados concretos. La democracia argentina sobrevivió crisis económicas devastadoras, dos hiperinflaciones, una renuncia presidencial anticipada, tres presidentes en una semana e intentos de copamiento institucional. Sobrevivió, pero con costos sociales enormes que sus propios defensores raramente cuantifican con claridad. El legado más sólido de ese retorno democrático es el juicio a las juntas militares, impulsado por el propio Alfonsín en 1985. Ese proceso —único en el mundo en ese momento— estableció que los responsables del terrorismo de Estado podían ser juzgados por tribunales civiles. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final interrumpieron ese camino, pero las condenas definitivas llegaron décadas después, cuando el Congreso anuló esas leyes y la Corte Suprema las declaró inconstitucionales. La cadena causal arranca en 1983. Lo que la efeméride tiende a opacar es la discusión sobre la calidad real de esa democracia. La alternancia electoral existe y funciona. Pero la concentración de poder en el Ejecutivo, la debilidad de los organismos de control, la crisis recurrente de representación y la desigualdad estructural que ningún gobierno desde 1983 logró resolver de manera duradera son también parte del mismo período. Celebrar sin analizar esas tensiones es convertir la historia en un relato de autoconsumo político. Cuarenta y tres años después, la pregunta que debería guiar el análisis no es solo qué se conquistó en 1983, sino qué se hizo con esa conquista. La democracia argentina resistió. La pregunta es si resistir alcanza, u si el país necesita una discusión más profunda sobre cómo renovar el contrato político que Alfonsín inauguró aquella noche de octubre con el título histórico que gritaron las tapas de diario: 'Llegamos'.