viernes, 30 de octubre de 2026
 
 
     
Buenos Aires protege a deudores del acoso de cobradores

La Legislatura porteña aprobó restricciones a las cobranzas extrajudiciales y creó una mesa de asistencia para personas endeudadas.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una normativa que limita las prácticas de cobranza extrajudicial y crea una mesa de asistencia para personas endeudadas. La medida prohíbe el hostigamiento, los llamados a familiares y contactos, y los contactos fuera de horario, configurando un marco de protección para sectores vulnerables que históricamente quedaron expuestos a presiones abusivas de empresas recuperadoras de crédito. El dato político central es que esta regulación llega en un contexto de fuerte expansión del endeudamiento de los hogares porteños tras años de inflación elevada e ingresos deteriorados. El crecimiento del crédito al consumo en Argentina durante los últimos años fue acompañado por un aumento proporcional de las carteras morosas. Las empresas de cobranza extrajudicial operaron durante décadas en un vacío regulatorio que les permitió aplicar métodos agresivos sin consecuencias legales claras. La nueva norma porteña intenta cerrar esa brecha, aunque su alcance queda limitado al territorio de la Ciudad Autónoma, lo que expone una de sus principales debilidades estructurales. Desde una perspectiva analítica, la iniciativa tiene un valor simbólico e institucional que va más allá de su texto. La Ciudad gobernada por el PRO elige intervenir en un terreno donde el Estado nacional, bajo la administración de La Libertad Avanza, sostiene una postura de desregulación amplia. Esa tensión entre el municipio y el gobierno central no es menor: mientras Milei avanza en desmantelar regulaciones en el orden federal, el distrito más rico del país construye un contrapeso normativo en áreas sensibles para la clase media. La creación de una mesa de asistencia para personas endeudadas es el elemento más novedoso de la norma. No se trata solo de prohibir prácticas abusivas, sino de instalar una institucionalidad de acompañamiento que puede convertirse en un observatorio real del problema del sobreendeudamiento. Si funciona con recursos y voluntad política, esa mesa puede generar datos, precedentes e intervenciones concretas. Si queda como una estructura decorativa, el impacto real será mínimo. El debate sobre quién financia e implementa estos mecanismos es central. La Legislatura aprueba, pero el Ejecutivo porteño ejecuta. La gestión de Jorge Macri deberá demostrar que la norma no es solo un gesto legislativo sino una política activa. En un año electoral como el actual, la tentación de acumular capital simbólico sin inversión real en implementación es un riesgo que el análisis político no puede ignorar. En términos más amplios, la norma porteña puede leerse como un síntoma de una demanda social que crece: la de ciudadanos que reclaman al Estado protección frente a los efectos más duros del mercado financiero informal y las recuperadoras de crédito. Esa demanda es políticamente transversal y ningún espacio puede ignorarla sin costos. El PRO, al canalizarla desde la Legislatura, intenta posicionarse como fuerza que regula sin estatizar, una distinción que le sirve para diferenciarse tanto del kirchnerismo como del libertarismo. El desafío ahora es la eficacia real. Las restricciones al hostigamiento existen en papel, pero su cumplimiento depende de canales de denuncia accesibles, organismos con capacidad sancionatoria y una ciudadanía informada de sus derechos. Sin esos tres elementos, la norma corre el riesgo de quedar como legislación aspiracional en un sistema donde las empresas de cobranza tienen incentivos económicos poderosos para seguir operando en los límites de la ley.