jueves, 29 de octubre de 2026
 
 
     
La designación de Michelli generó conflictos en el oficialismo

La designación judicial de Michelli destapó conflictos en el oficialismo y reavivó el debate sobre el vínculo entre el Ejecutivo y la prensa.

La candidatura de María Verónica Michelli para un cargo judicial se convirtió en el detonante de una crisis que va mucho más allá de un nombramiento de rutina. El episodio expuso contradicciones internas dentro del Gobierno de Javier Milei e instaló preguntas concretas sobre cómo el Ejecutivo administra su relación con el periodismo y con el Poder Judicial. Lo que parecía un trámite administrativo derivó en una controversia política de primera línea. El contexto importa para entender la magnitud del conflicto. El Gobierno de Milei construyó parte de su identidad pública sobre la idea de la transparencia e impugnación del establishment. Sin embargo, la designación de Michelli activó cuestionamientos que provienen del interior mismo de la coalición oficialista, lo cual es significativamente más costoso políticamente que una crítica opositora convencional. Las tensiones internas que salieron a la luz no son menores. Cuando un gobierno con mayoría legislativa ajustada e imagen en disputa muestra fisuras por un nombramiento judicial, la señal hacia la opinión pública es de desorganización en la toma de decisiones. Eso erosiona uno de los activos más preciados del liderazgo de Milei: la imagen de conductor firme e imperturbable. El rol del periodismo en este episodio suma otra capa de análisis. La cobertura mediática del caso Michelli no fue neutral: distintos medios tomaron posiciones que reflejan sus propias tensiones con el Ejecutivo. El Gobierno de Milei mantuvo desde su inicio una relación conflictiva con sectores de la prensa, alternando entre el ataque directo y la búsqueda de aliados estratégicos en el ecosistema mediático. Esa relación con los medios tiene antecedentes concretos. Milei utilizó el cuestionamiento al periodismo como herramienta de movilización política, especialmente en redes sociales. Pero cuando esa estrategia colisiona con escándalos internos, el resultado es contraproducente: los medios críticos amplifican las contradicciones, e incluso medios afines moderan su apoyo para preservar credibilidad. El Poder Judicial aparece en este escenario como un actor institucional que el oficialismo necesita pero al que teme no poder controlar completamente. Los intentos de influir en designaciones judiciales no son exclusivos de este gobierno; son una constante histórica argentina. Lo novedoso es que Milei enfrenta este desafío con un capital político más ajustado que sus predecesores en momentos similares. El episodio Michelli funciona entonces como un indicador de madurez institucional del gobierno libertario. Las alianzas internas están bajo presión, la relación con la justicia genera rispideces y el periodismo actúa como amplificador de cada error. Para un gobierno que prometió refundar la política argentina, cada grieta visible tiene un costo simbólico que se acumula.