martes, 27 de octubre de 2026
 
 
     
Un inversor apela el sobreseimiento de Milei en el caso Libra

Un damnificado recurrió el cierre del expediente que absolvió al Presidente y a su hermana Karina en la causa por la criptomoneda.

Un inversor que perdió dinero en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA apeló el sobreseimiento que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó en favor de Javier Milei, Karina Milei e incluso otros nueve implicados en la causa. La apelación busca que el expediente no se cierre definitivamente e impugna una resolución que el oficialismo celebró como victoria política. El movimiento judicial abre una nueva etapa en un caso que, aunque opacado por la agenda económica, tiene potencial para reactivarse como herramienta de desgaste contra el gobierno. El caso $LIBRA estalló a principios del mandato de Milei cuando el Presidente promovió en redes sociales una criptomoneda que luego se desplomó y dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias. La causa llegó a la Justicia federal con múltiples denuncias y el juez Martínez de Giorgi avanzó con celeridad hacia el sobreseimiento, una velocidad que generó críticas entre los querellantes e impulsó comparaciones con la investigación judicial contra Cristina Kirchner, cuya causa tramitó durante años sin resolución favorable. Esa comparación no es inocente ni caprichosa. El doble estándar judicial es un debate instalado en la política argentina desde hace más de una década. Sectores del kirchnerismo e incluso de la centroizquierda señalaron que mientras Kirchner fue condenada en un proceso extenso e implacable, Milei obtuvo el sobreseimiento en tiempo récord. El oficialismo rechaza esa lectura e insiste en que los casos son jurídicamente incomparables. La apelación del inversor no tiene por sí sola fuerza suficiente para revertir el sobreseimiento, pero obliga a la Cámara Federal a pronunciarse. Ese trámite mantiene vivo el expediente durante meses adicionales e impide que el tema desaparezca del debate público. Para la oposición, cualquier prolongación del caso es oxígeno político en un año en que el gobierno necesita consolidar imagen de transparencia ante el electorado. El perfil del apelante es relevante: no se trata de un actor político organizado sino de un particular que efectivamente invirtió e incluso perdió capital real. Eso le otorga legitimidad moral al reclamo e impide que el gobierno lo descarte como maniobra opositora. La narrativa del inversor estafado tiene resonancia popular en un país con historia de ahorristas perjudicados por el Estado o por operadores con vínculos oficiales. Para el gobierno de Milei, el riesgo mayor no es el resultado jurídico final sino la persistencia del caso en la agenda mediática. $LIBRA encarna una contradicción estructural del proyecto libertario: la apología irrestricta del mercado desregulado chocó con la realidad de inversores que confiaron en la palabra presidencial e incluso perdieron. Esa tensión no se resuelve con un sobreseimiento judicial.