lunes, 26 de octubre de 2026
 
 
     
El negocio de los Kirchner recibía más dinero ilegal que legal

El juicio contra Cristina y Máximo Kirchner avanza con cargos que apuntan al corazón del negocio familiar: Los Sauces como caja de fondos ilícitos.

El juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner expuso esta semana uno de los argumentos más contundentes de la acusación: según los fiscales, la empresa familiar Los Sauces recibía más dinero de origen ilícito que lícito. No se trata de un detalle periférico del expediente, sino del núcleo de la hipótesis acusatoria: que el patrimonio construido durante y después de los gobiernos kirchneristas tiene una base estructuralmente contaminada por fondos de procedencia ilegal. Los Sauces es una sociedad inmobiliaria que administra propiedades en la Patagonia, particularmente en Santa Cruz. Durante años fue presentada como la fuente legítima de ingresos de la familia Kirchner, el argumento con el que se justificó la acumulación patrimonial declarada. Ahora, la fiscalía invierte esa narrativa y coloca a la empresa no como prueba de legitimidad, sino como instrumento de lavado. El peso político de esta afirmación es considerable. Si la acusación logra sostenerla con prueba suficiente durante el debate, cae uno de los pilares del relato de defensa que el kirchnerismo construyó durante años. La imagen de los Kirchner como empresarios exitosos del interior del país, propietarios de hoteles e inmuebles acumulados antes de la política, sería reemplazada por la de una familia que usó esas estructuras para canalizar dinero corrupto. El juicio se desarrolla en una etapa aún inicial: la lectura de cargos, que se retomará el 2 de noviembre e insumirá más tiempo del previsto. Eso indica la magnitud del expediente e impone una temporalidad larga al proceso. Para Cristina Kirchner, que atraviesa este juicio después de haber sido condenada en la causa Vialidad, el nuevo proceso suma presión judicial en un momento en que su liderazgo político enfrenta disputas internas dentro del propio peronismo. Para Máximo Kirchner, la situación tiene otra dimensión. A diferencia de su madre, él no acumula la misma exposición pública en la arena judicial, pero su nombre en el banquillo lo aleja de cualquier posibilidad de posicionarse como el dirigente de recambio generacional del espacio. Cada audiencia es un recordatorio de que el kirchnerismo lleva el peso de causas abiertas que no cierran e impiden la renovación de imagen que el sector necesita. El kirchnerismo responderá, como en cada instancia judicial, con el argumento de la persecución política. Ese argumento tiene tracción en sus bases, pero cada vez genera menos efecto hacia afuera del núcleo duro. La sociedad argentina, fatigada de una judicialización de la política que no resuelve ni en condenados que van presos ni en absueltos que quedan libres de sospecha, observa estos juicios con escepticismo creciente. Lo que queda en evidencia, más allá del resultado final del proceso, es que la Argentina no logra resolver la tensión entre justicia e impunidad. Los juicios duran años, las apelaciones se acumulan, e instituciones como Los Sauces funcionan durante décadas antes de ser interrogadas en serio. El caso Kirchner es también el caso de un Estado que tardó demasiado en mirar adentro de sus propias estructuras.