lunes, 26 de octubre de 2026
 
 
     
Juez acusado de acoso nombró a la hija del juez que lo investiga

El gremio judicial riojano denuncia que se vulneró el escalafón para favorecer a la hija del magistrado Daniel Herrera Piedrabuena.

Un camarista federal de La Rioja denunciado por acoso sexual designó en el fuero a la hija del juez que tiene a su cargo la investigación en su contra. El nombramiento de la funcionaria, cuyo padre es Daniel Herrera Piedrabuena, uno de los magistrados con mayor poder en la justicia riojana, generó una denuncia formal del gremio judicial e instala una sospecha concreta: que el movimiento busca condicionar el curso de la causa que pesa sobre el camarista. El gremio judicial cuestionó la designación con un argumento técnico pero de enorme peso simbólico: se vulneró el escalafón, es decir, se saltaron los mecanismos de ascenso e incorporación que rigen para el personal judicial. Esa irregularidad de forma es, en realidad, el envoltorio de una irregularidad de fondo: la hija de un juez investigador fue colocada en una posición de dependencia funcional respecto del investigado. El caso expone una dinámica estructural del poder judicial en provincias chicas, donde los vínculos personales, familiares e institucionales se superponen de manera sistemática. En distritos como La Rioja, con pocos actores judiciales e históricos equilibrios de poder entre familias e influencias políticas, la independencia entre investigador e investigado es, muchas veces, una ficción institucional. Herrera Piedrabuena es descripto en el artículo como un magistrado poderoso. Esa caracterización no es menor: implica que su posición excede lo estrictamente jurisdiccional e incluye capacidad de influencia sobre nombramientos, recursos e instituciones. Que el camarista acusado haya elegido precisamente a su hija para una designación, en este contexto, difícilmente pueda leerse como casualidad. La denuncia por acoso que recae sobre el camarista es, además, parte de un conjunto de causas vinculadas al comportamiento de funcionarios judiciales en el interior del país que raramente llegan a resolución efectiva. La endogamia institucional, la ausencia de controles externos robustos y la concentración de poder en pocos actores generan condiciones propicias para que este tipo de maniobras prosperen sin consecuencias. Desde una perspectiva política más amplia, el episodio pone en cuestión la capacidad del sistema judicial argentino para investigarse a sí mismo. La autorregulación corporativa tiene límites evidentes cuando los mismos actores que deben investigar son los que se benefician, directa u indirectamente, de los nombramientos que realiza el investigado. El gremio judicial, al salir públicamente, cumple un rol de denuncia que el propio sistema no activa de forma espontánea. Sin embargo, su capacidad real de torcer el resultado depende de que organismos con poder de contralor efectivo tomen intervención. De lo contrario, el escándalo quedará en el registro mediático sin producir ningún cambio en la situación del camarista ni en el cargo de la funcionaria designada.