lunes, 26 de octubre de 2026
 
 
     
El Senado debate cómo cobrarles a los padres que no pagan alimentos

Tres proyectos en pugna sobre deudores alimentarios revelan las diferencias de fondo entre peronismo, radicalismo y La Libertad Avanza.

El Senado argentino avanza hacia un despacho unificado sobre la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos, pero el proceso expone tensiones políticas que van más allá de la técnica legislativa. Las diferencias entre los proyectos del peronista Pablo Bensusán y Edith Terenzi, de extracción radical, junto con la intervención libertaria a través de Patricia Bullrich, convierten un tema de aparente consenso social en un campo de disputa sobre el rol del Estado, las herramientas de coacción y los límites de la intervención pública en la vida privada. La iniciativa de un registro de este tipo no es nueva en la política argentina. Varias provincias ya cuentan con padrones propios que habilitan restricciones concretas a los deudores: desde la imposibilidad de renovar la licencia de conducir hasta la traba para acceder a créditos o cargos públicos. El debate nacional retoma esa experiencia acumulada pero choca con la pregunta central de qué tan punitivo debe ser el instrumento y quién administra la información. La diferencia entre los proyectos de Bensusán y Terenzi no es menor. Mientras el peronismo tiende a privilegiar un registro con consecuencias administrativas amplias e intervención estatal activa en la verificación de la deuda, la propuesta de raíz radical apunta a un esquema más acotado, con énfasis en la transparencia y el acceso ciudadano a la información. El enfoque influye directamente sobre cuánto poder efectivo tendrá el registro para presionar a los morosos. La posición libertaria, articulada por Bullrich, introduce una variable ideológica adicional. La Libertad Avanza llega al debate con desconfianza estructural hacia los registros estatales y sus potenciales usos discrecionales, aunque la presión política de un tema con alto impacto en familias vulnerables limita su margen para oponerse abiertamente. El resultado es una postura de condicionamiento: aceptan el instrumento pero buscan acotar su alcance y evitar que se convierta en una nueva burocracia. Detrás del debate técnico hay una realidad contundente: el incumplimiento de las cuotas alimentarias afecta a cientos de miles de niños y adolescentes en todo el país, y el sistema judicial no da abasto para procesar cada caso con la urgencia que demanda. El registro aparece como una salida extrajudicial que genera incentivos para el cumplimiento sin saturar los tribunales, pero su eficacia depende del diseño concreto y de la voluntad política de aplicarlo. El pasaje a cuarto intermedio del plenario de comisiones revela que el consenso es todavía frágil. En el Senado actual, donde ningún bloque tiene mayoría propia, cada despacho unificado exige negociaciones que suelen diluir los aspectos más potentes de cada propuesta. El riesgo concreto es que el texto final sea lo suficientemente vago como para generar expectativas sin garantizar resultados. Para la ciudadanía que sigue este tema desde afuera de la política, la discusión parlamentaria importa menos que una pregunta simple: ¿el registro va a lograr que los padres morosos paguen? La respuesta depende de decisiones que el Senado todavía no terminó de tomar. Mientras tanto, el cuarto intermedio postergó por unos días más una definición que debería haber llegado hace años.