sábado, 24 de octubre de 2026
 
 
     
El Senado debatió cómo distribuir impuestos entre Nación y provincias

Un seminario en la Cámara alta mostró que Argentina no resuelve cómo distribuir recursos entre Nación y provincias desde hace décadas.

El Senado de la Nación fue sede de un seminario técnico sobre coparticipación federal que dejó al descubierto algo que los especialistas saben pero la política evita decir en voz alta: el sistema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias está roto, nadie lo repara e históricamente todos los gobiernos incumplieron, en distintos grados, las obligaciones que la ley impone. El encuentro reunió a economistas, representantes de organizaciones civiles y legisladores, y el resultado fue un diagnóstico tan compartido como políticamente incómodo. Uno de los datos más llamativos que emergió del debate fue el comportamiento de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en materia de federalismo fiscal. Lejos de la imagen redistributiva que el kirchnerismo construyó sobre sí mismo, el período kirchnerista quedó señalado como uno de los más regresivos en términos de coparticipación efectiva: fue durante esos años cuando se registró el piso histórico de incumplimiento de la masa coparticipable, es decir, la porción de recursos que la Nación retiene sin girar a las provincias, en violación directa de los acuerdos vigentes. Este dato no es menor en términos políticos. El kirchnerismo sostuvo durante años un discurso de justicia distributiva e inclusión, pero la evidencia técnica presentada en el Senado contradice esa narrativa en un aspecto central: la relación financiera con los estados provinciales fue de las más centralizadoras de las últimas décadas. La concentración de recursos en el Ejecutivo nacional fue una herramienta de poder político, no una anomalía administrativa. El problema estructural, sin embargo, excede a un solo gobierno. Argentina no tiene una ley de coparticipación actualizada desde 1988, cuando el país tenía otra economía, otra demografía y otro mapa político. La Constitución de 1994 ordenó sancionar un nuevo régimen antes de 1996, pero ese mandato lleva treinta años incumplido. Cada gobierno prefirió administrar la discrecionalidad que habilita el vacío legal antes que negociar un esquema transparente que limite su margen de maniobra. En ese contexto, una organización no gubernamental presente en el seminario deslizó una propuesta para destrabar el nudo legislativo: impulsar una declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia. La idea es que el máximo tribunal establezca parámetros jurídicos concretos sobre las obligaciones de distribución, generando un piso judicial que obligue al Congreso a legislar. No es una salida ortodoxa, pero refleja el agotamiento de las vías políticas convencionales para resolver el conflicto. La Corte Suprema ya tiene antecedentes en este terreno. El fallo que ordenó restituir fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Alberto Fernández mostró que el Poder Judicial puede y está dispuesto a intervenir cuando el Ejecutivo avanza sobre recursos que no le corresponden. Una declaración de certeza ampliaría ese rol y pondría al tribunal en el centro de una disputa que el Congreso no logra resolver por sus propios medios. Lo que el seminario dejó en evidencia, más allá de los datos técnicos y las propuestas institucionales, es una parálisis política de fondo. Las provincias necesitan previsibilidad fiscal para planificar gasto e inversión. La Nación necesita margen de maniobra para sostener su programa económico. Ambas necesidades son legítimas e incompatibles dentro del esquema actual. Sin una reforma negociada del régimen de coparticipación, el conflicto seguirá resolviéndose por la vía de la discrecionalidad, los acuerdos bilaterales e, cada vez más, la judicialización.