miércoles, 21 de octubre de 2026
 
 
     
Una jurista argentina evaluará el petróleo en Malvinas

La jurista argentina es vicepresidenta del TIDM, que evaluará las medidas de Buenos Aires contra el proyecto Sea Lion.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene entre sus 21 magistrados a una figura clave para la Argentina: Frida Armas Pfirter, vicepresidenta del organismo e impulsora histórica de la delimitación de la plataforma continental argentina. Su presencia no es un dato menor: el tribunal debe resolver el pedido de Buenos Aires para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que opera en aguas disputadas alrededor de las islas Malvinas. La cuestión combina soberanía, recursos naturales e institucionalidad internacional en un nudo político de enorme sensibilidad. Armas Pfirter dedicó más de 25 años a construir el argumento técnico y jurídico que sostiene los derechos argentinos sobre la plataforma continental extendida. Esa trayectoria la convierte en una de las juristas con mayor conocimiento específico del expediente. Su rol en el tribunal no implica representar a la Argentina —los magistrados actúan con independencia institucional—, pero su expertise sobre el caso es un activo simbólico y técnico que Buenos Aires no puede ignorar. El proyecto Sea Lion, impulsado por empresas con licencias otorgadas por el gobierno británico de las islas, representa exactamente el tipo de explotación unilateral que la Argentina denuncia como violación del derecho internacional. Buenos Aires argumenta que cualquier exploración u explotación de recursos en esa zona requiere su consentimiento, en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Londres, en cambio, sostiene que las islas tienen su propio régimen de autogobierno e independencia económica. La disputa llega al TIDM en un momento en que la política exterior argentina atraviesa tensiones internas. El gobierno de Javier Milei ha mostrado señales contradictorias respecto a Malvinas: discursivamente reivindicacionista, pero con una agenda de acercamiento a Londres en materia económica e inversiones. Esa ambigüedad genera dudas sobre la consistencia con que Buenos Aires sostendrá su posición jurídica en el largo plazo. El mecanismo elegido —medidas cautelares ante el TIDM— es técnicamente sólido pero políticamente lento. Los tiempos del derecho internacional no coinciden con los de la política doméstica ni con los de la extracción petrolera. Sea Lion avanza en su planificación mientras el proceso judicial se desarrolla. La Argentina apuesta a que una resolución favorable del tribunal genere una presión internacional suficiente para detener o al menos condicionar la operación. La figura de Armas Pfirter aporta otro ángulo analítico: la construcción de capacidades estatales especializadas en soberanía marítima es un proceso de décadas, frecuentemente invisible en el debate público argentino. Su trayectoria revela que el Estado sostuvo durante más de un cuarto de siglo una política de Estado en materia de plataforma continental, independientemente de los gobiernos de turno. Esa continuidad es, en sí misma, un dato político relevante. Lo que se dirime ante el TIDM no es solo petróleo: es la capacidad argentina de hacer valer derechos soberanos mediante instrumentos multilaterales en un contexto en que la vía militar está descartada y el unilateralismo político tiene límites evidentes. El resultado del proceso definirá si la estrategia jurídica acumulada durante décadas puede traducirse en consecuencias concretas para las empresas que operan bajo bandera británica en aguas que Buenos Aires considera propias.