miércoles, 21 de octubre de 2026
 
 
     
Tres gobernadores piden frenar al narco en las campañas

Frigerio, Llaryora y Pullaro exigen controles al financiamiento de campañas para evitar que el crimen organizado capture la política argentina.

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lanzaron una advertencia conjunta sobre uno de los riesgos más serios que enfrenta la democracia argentina: la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en el financiamiento de las campañas electorales. El planteo desplazó el debate sobre la eliminación de las PASO hacia un terreno más estructural e incómodo para el sistema político en su conjunto. El contexto no es menor. Los tres mandatarios gobiernan provincias con frontera directa con el problema del crimen organizado. Santa Fe lleva años siendo escenario de una guerra narco que desbordó todas las previsiones institucionales. Entre Ríos y Córdoba enfrentan sus propias presiones del crimen transnacional. Desde esa posición de primera línea, la advertencia no es retórica: es una señal de alarma con anclaje territorial concreto. El fenómeno que describen tiene antecedentes documentados en la región. México, Colombia, Brasil y Honduras son ejemplos de procesos donde el dinero ilegal penetró la política primero de manera marginal y luego de forma sistémica, hasta volverse estructural. Argentina no tiene inmunidad histórica frente a ese proceso. La ausencia de controles efectivos sobre el origen del dinero en las campañas es una vulnerabilidad conocida e históricamente ignorada. Lo políticamente significativo es que estos tres gobernadores pertenecen al espacio del PRO y aliados, lo cual convierte su reclamo en una presión interna hacia el gobierno nacional de Javier Milei y hacia el Congreso. El momento del planteo no es casual: se discute una reforma electoral centrada en las PASO, y ellos fuerzan la agenda hacia el financiamiento, un tema que incomoda a casi todos los partidos por igual. El reclamo implica también una autocrítica implícita al sistema. El financiamiento oscuro de campañas no es un problema exclusivo del crimen organizado externo: en muchos casos el dinero ilegal ingresa con la complicidad o la indiferencia de estructuras partidarias que no preguntan demasiado sobre el origen de los fondos. Exigir controles es, en ese sentido, pedir que el sistema se audite a sí mismo. La iniciativa de los tres gobernadores abre una ventana de oportunidad legislativa, aunque también puede quedar en una declaración de intenciones si no hay voluntad política real de avanzar. El Congreso tiene herramientas para reforzar la transparencia en el financiamiento electoral, pero históricamente esas reformas enfrentan resistencias cruzadas de todos los sectores. La pregunta que deja flotando el planteo es si existe masa crítica para convertir la advertencia en norma. En términos de coyuntura, el movimiento de Frigerio, Llaryora y Pullaro tiene una doble lectura: por un lado, es una señal de madurez institucional frente a un problema real y urgente; por otro, es también un reposicionamiento político que les permite diferenciarse del debate más trivial sobre las PASO y aparecer ante la opinión pública como dirigentes con visión de Estado. En un año electoral, esa distinción tiene valor propio.