viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
Alejandra Monteoliva escala la tensión con la carta del terrorismo

La ministra de Seguridad endureció el discurso tras los disturbios en el Congreso. La palabra 'terrorismo' no es casual: es una definición política.

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva eligió una palabra precisa e inflamable para definir lo ocurrido frente al Congreso: terrorismo. No es un término técnico-jurídico aplicado con ligereza, sino una herramienta de construcción política. Con esa definición, el gobierno de Milei traza una línea divisoria clara entre quienes protestan e instituciones del Estado, y convierte los incidentes callejeros en una amenaza existencial al orden democrático. La decisión de usar ese lenguaje anticipa una respuesta penal agresiva e instala un marco interpretativo que condiciona el debate público. Los disturbios frente al Congreso ocurrieron en un contexto de movilización social creciente contra las políticas de ajuste del gobierno libertario. Las manifestaciones venían escalando en intensidad desde semanas previas, con sectores sindicales, estudiantiles e organizaciones de derechos humanos confluyendo en el rechazo a la orientación económica e institucional del Ejecutivo. Que haya habido incidentes no es un dato menor, pero tampoco es un fenómeno aislado: Argentina tiene una historia larga de protestas que incluyen episodios de violencia parcial sin que eso habilite la categoría de terrorismo bajo ningún estándar jurídico internacional. El uso del concepto 'terrorismo' por parte de una funcionaria de rango ministerial tiene consecuencias concretas e inmediatas. Primero, habilita marcos legales de excepción que amplían las facultades de detención e investigación. Segundo, estigmatiza al conjunto del movimiento de protesta asociándolo con sus sectores más radicalizados u hostiles. Tercero, desplaza el debate del contenido de las demandas sociales hacia la forma de la protesta, un movimiento clásico de los gobiernos que buscan deslegitimar la oposición callejera sin confrontar sus argumentos. Monteoliva anticipó además que avanzarán con detenciones, lo que señala que la respuesta gubernamental no será solo discursiva. La identificación de manifestantes mediante registros de video e inteligencia estatal es una práctica que en otros contextos latinoamericanos derivó en persecución política sistemática. El gobierno nacional parece apostar a que una respuesta firme e intimidatoria descomprima la presión social, pero el riesgo es el opuesto: la judicialización de la protesta históricamente radicaliza a los movimientos e incorpora nuevos actores solidarios. En paralelo, Monteoliva se refirió a la posible visita del papa León XIV, el primer pontífice norteamericano de la historia. La mención en el mismo acto comunicacional no es inocente: anclar una noticia de tensión interna junto a una de potencial impacto positivo e internacional es un recurso de gestión de agenda. El gobierno necesita oxígeno simbólico e internacional frente a un escenario doméstico complicado, e una visita papal operaría como ese recurso en un país de tradición católica mayoritaria. El episodio expone además una fractura de fondo en la coalición gobernante respecto de cómo procesar el conflicto social. Mientras sectores más pragmáticos del oficialismo advierten sobre los costos de una escalada represiva, el ala más ideológica —a la que Monteoliva responde— prefiere la confrontación abierta como forma de consolidar identidad electoral. Esa tensión interna no es nueva, pero se vuelve más costosa cuando el ciclo de protestas se acelera e institucionaliza. El gobierno Milei enfrenta así un dilema estructural: el ajuste genera conflicto social, el conflicto social exige respuesta, e la respuesta dura genera más conflicto. Llamar 'terrorismo' a los incidentes del Congreso puede satisfacer a la base dura libertaria, pero difícilmente sea suficiente para estabilizar un escenario que se complejiza semana a semana. La historia argentina enseña que los gobiernos que criminalizan la protesta sin atender sus causas no logran extinguirla, sino postergarla con intereses.