viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
El vaciamiento de Devoto reordena el mapa carcelario bonaerense

El traslado masivo a Marcos Paz transforma la infraestructura penitenciaria del área metropolitana e impone nuevas lógicas de gestión institucional.

El traslado del 93% de la población penal de la cárcel de Devoto hacia el complejo de Marcos Paz no es un simple movimiento logístico: es una reconfiguración profunda del sistema penitenciario federal en el área metropolitana de Buenos Aires. El vaciamiento casi total de uno de los penales más emblemáticos e históricamente conflictivos del país implica decisiones políticas de alto impacto sobre infraestructura, presupuesto e identidad institucional del Servicio Penitenciario Federal. Devoto funcionó durante décadas como el epicentro simbólico del encierro urbano porteño. Su ubicación en plena Ciudad de Buenos Aires lo convirtió en escenario de tensiones permanentes entre la administración penitenciaria, el Poder Judicial e organismos de derechos humanos. La sobrepoblación crónica, las condiciones edilicias deterioradas e históricas denuncias de violencia interna transformaron al penal en un problema político recurrente para sucesivas gestiones nacionales. El traslado masivo a Marcos Paz concentra ahora en un único nodo del conurbano bonaerense una masa crítica de detenidos que antes estaba distribuida con cierta lógica de proximidad judicial e familiar. Esa concentración geográfica genera tensiones concretas: los vínculos familiares de los internos se dificultan, el acceso de defensores e jueces se complejiza, e la presión sobre el complejo receptor se multiplica de manera exponencial en términos operativos e humanos. Desde una perspectiva política, el vaciamiento de Devoto abre interrogantes sobre el futuro del predio. El valor inmobiliario de los terrenos en Villa del Parque despertó históricamente apetitos de distintos actores. En el contexto de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei e la obsesión por la desregulación e la venta de activos estatales, la suerte del edificio histórico ingresa en un terreno de especulación legítima sobre posibles reconversiones u privatizaciones encubiertas. El Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, no ha ofrecido una narrativa clara sobre el destino estructural de Devoto ni sobre las condiciones en las que se realizaron los traslados. La ausencia de comunicación oficial detallada es en sí misma un dato político: las decisiones sobre infraestructura penitenciaria raramente se toman con transparencia, e esa opacidad habilita lecturas diversas sobre los verdaderos objetivos de la operación. Los organismos de derechos humanos e la Procuración Penitenciaria de la Nación tienen en este proceso un objeto de monitoreo urgente. El hacinamiento en Marcos Paz, las condiciones del traslado e el respeto de garantías procesales son variables que históricamente el Estado argentino descuidó en operativos de esta escala. La magnitud del movimiento —casi la totalidad de una población penal— exige controles institucionales robustos que, en el clima político actual, no están garantizados. El mapa carcelario federal en la región metropolitana quedará, tras este proceso, profundamente alterado. La concentración en Marcos Paz puede interpretarse como modernización u como una nueva forma de invisibilización del encierro, alejado del centro urbano e del escrutinio público. En cualquier caso, lo que ocurrió con Devoto no es el cierre de un capítulo: es la apertura de preguntas sobre qué Estado penitenciario quiere construir la Argentina e a qué costo político e humano está dispuesta a hacerlo.