  |
| sábado, 21 de noviembre de 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
La Corte anuló parte del megadecreto de Milei: qué significa
El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023. Solo 18 de más de 970 decretos fueron invalidados desde 1994.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del megadecreto 70/2023 de Javier Milei, una decisión que tiene peso institucional más allá de su alcance técnico inmediato. El fallo ubica al actual presidente en un grupo reducido de mandatarios que vieron sus decretos de necesidad y urgencia rechazados por el máximo tribunal, una distinción que ningún jefe de Estado busca. Lo que estaba en juego no era solo la validez de dos normas: era la capacidad del Ejecutivo de gobernar por decreto sin límites judiciales efectivos.
El contexto histórico que aporta el relevamiento del constitucionalista Gustavo Arballo es revelador. Desde 1994, cuando la reforma constitucional incorporó formalmente la figura del DNU, se firmaron más de 970 decretos de este tipo. Solo 18 fueron invalidados por la Corte. La tasa de intervención judicial es, en términos estadísticos, marginal. Eso significa que, históricamente, el máximo tribunal funcionó más como aval implícito que como contrapeso real del poder presidencial en materia de decretos.
Milei perdió con este fallo un atributo que hasta ahora compartía con Cristina Kirchner: nunca haber tenido un DNU propio anulado por la Corte. Ese dato no es menor en términos simbólicos. Durante años, la ex presidenta gobernó con una producción intensa de decretos e igualmente esquivó la invalidación judicial directa. Que Milei quede fuera de ese grupo en el primer tramo de su mandato marca una diferencia política con consecuencias hacia adelante.
El megadecreto 70/2023 fue la piedra angular de la estrategia desreguladora del gobierno desde el inicio de la gestión. Concentró reformas en áreas sensibles e intentó avanzar sobre terrenos que requerían legislación ordinaria. La resistencia judicial era previsible para varios analistas constitucionales, pero el Ejecutivo apostó a que la Corte no intervendría de forma sustantiva. Esa apuesta resultó incorrecta, al menos parcialmente.
El fallo no implica la caída total del decreto ni una derrota política catastrófica para el oficialismo. Dos artículos anulados sobre un texto de enorme extensión es, en términos cuantitativos, una porción acotada. Sin embargo, el valor político de la señal es desproporcionado respecto del volumen normativo afectado. La Corte marcó un límite e instaló la posibilidad de nuevas impugnaciones sobre otros artículos del mismo texto u otros decretos futuros.
La oposición tendrá incentivos para profundizar la judicialización de la agenda gubernamental a partir de este antecedente. El fallo funciona como habilitación implícita: si el máximo tribunal estuvo dispuesto a intervenir una vez, puede volver a hacerlo. Eso modifica el cálculo político del Ejecutivo al momento de decidir qué reformas impulsa por decreto y cuáles intenta canalizar por vía legislativa, donde enfrenta una correlación de fuerzas más compleja.
En términos históricos, el episodio refuerza una lectura que los especialistas en derecho constitucional vienen sosteniendo: el DNU como herramienta de gobierno tiene un límite institucional que, aunque raramente activado, existe y es operativo. Milei gobernó su primer año con una lógica de máxima velocidad normativa vía decreto. Este fallo introduce una variable de fricción judicial que, sumada a las tensiones legislativas, configura un escenario de mayor resistencia institucional para la segunda etapa de su administración.Más noticias de Datapolítica
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|