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| sábado, 21 de noviembre de 2026 |
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La Corte Suprema prohíbe los aumentos libres de las prepagas
El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/2023 que eliminaban el control estatal sobre las cuotas de salud.
La Corte Suprema de Justicia dio un golpe directo al corazón de la desregulación económica de Javier Milei: declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/2023 que habían liberado a las empresas de medicina prepaga de cualquier control oficial sobre sus cuotas. El fallo restaura la obligación del Estado de supervisar los aumentos del sector y protege a millones de afiliados que vieron sus cuotas dispararse sin límite desde la entrada en vigor del decreto.
El DNU 70/2023 fue la herramienta central con la que el gobierno de Milei intentó transformar el funcionamiento de la economía argentina por decreto, saltando al Congreso. Entre sus cientos de artículos, varios eliminaban el esquema de autorización previa que el Estado tenía sobre los incrementos de las prepagas. Desde entonces, las empresas del sector aplicaron subas sucesivas que en muchos casos acumularon porcentajes muy superiores a la inflación, generando una crisis de acceso a la salud para sectores medios.
La decisión judicial no es un hecho aislado: se inscribe en una serie de cuestionamientos institucionales al decreto de necesidad y urgencia más ambicioso de la historia reciente. El Congreso ya había rechazado parcialmente el DNU, e instancias judiciales inferiores habían frenado tramos específicos. La Corte ahora pone su firma en el límite más sensible políticamente: el bolsillo de los trabajadores formales con cobertura privada.
Para el gobierno, el fallo representa un revés político e ideológico de primer orden. La desregulación del mercado de salud era una de las banderas más visibles de la gestión libertaria, presentada como una liberación del sector productivo frente al intervencionismo estatal. La Corte contradice esa lógica con un argumento constitucional claro: el Estado no puede abdicar su función de tutela sobre servicios esenciales mediante un decreto.
El impacto sobre los afiliados es inmediato e incierto a la vez. La declaración de inconstitucionalidad obliga a reimplantar controles, pero la cadena de aumentos ya aplicados no se revierte automáticamente. Los usuarios que abonaron cuotas incrementadas durante el período desregulado enfrentan un escenario legal complejo para recuperar lo pagado en exceso, lo que convierte el fallo en una victoria parcial para los consumidores.
El sector de las prepagas, por su parte, opera en una encrucijada. Durante meses construyó su estructura de costos e ingresos sobre la base de la libertad tarifaria. La reimposición de controles estatales exigirá renegociar ese esquema con el Estado, en un contexto donde la inflación sigue alta y la incertidumbre regulatoria se profundiza.
El fallo de la Corte instala además una pregunta más amplia sobre la viabilidad del programa desregulador del gobierno. Si el máximo tribunal frena esta pieza central del DNU 70/2023, el resto del andamiaje jurídico construido sobre ese decreto queda más expuesto. La Casa Rosada deberá decidir si acepta el límite institucional u escala el conflicto con el Poder Judicial, una tensión que ya define gran parte de la coyuntura política argentina.Más noticias de Datapolítica
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