sábado, 21 de noviembre de 2026
 
 
     
El Gobierno logra dictamen del Súper RIGI con concesiones a aliados

El proyecto estaba frenado desde septiembre. Para avanzar, el oficialismo aceptó cambios sobre proveedores locales que antes rechazaba.

El oficialismo logró desbloquear el dictamen del Súper RIGI tras meses de parálisis legislativa, pero el costo político fue concreto: tuvo que aceptar modificaciones que la Casa Rosada había resistido activamente. El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados con una versión diferente a la que el Gobierno quería imponer, lo que revela tanto la debilidad de su posición en el Congreso como la capacidad de presión de sus propios aliados. Desde septiembre, el texto estaba frenado por la negativa de un sector del bloque aliado a firmar el dictamen. No era una obstrucción opositora clásica: era el propio espacio de apoyo al Gobierno el que bloqueaba el avance. Esa situación exponía una grieta interna que el Ejecutivo intentó minimizar públicamente, pero que en los hechos le impidió mover el expediente durante semanas. Las modificaciones incorporadas apuntan a los proveedores locales, un punto sensible en el debate sobre los grandes proyectos de inversión. El esquema original del Súper RIGI generaba críticas por privilegiar condiciones para inversores extranjeros sin garantías suficientes para la cadena productiva nacional. Los cambios aceptados introducen, al menos en términos formales, mayor participación del tejido empresarial argentino. El retroceso del Gobierno en este punto no es menor. La Casa Rosada había sostenido una postura firme contra esas modificaciones, argumentando que alteraban el atractivo del régimen para los inversores. Ceder implica reconocer que no tiene los votos para imponer su versión original e instala una lógica de negociación forzada que puede repetirse en otras iniciativas del mismo perfil. El Súper RIGI es una pieza central de la estrategia económica del Ejecutivo para atraer inversiones de gran escala. Su demora legislativa no es un dato menor: cada semana sin sanción es un argumento que los inversores externos pueden usar para cuestionar la previsibilidad del marco regulatorio argentino. La urgencia del Gobierno por destrabar el dictamen, aunque sea con concesiones, responde a esa presión real. El regreso del proyecto a Diputados abre una nueva etapa de incertidumbre. Los cambios incorporados deberán ser validados en el recinto, donde el mapa de apoyos es fragmentado e inestable. No hay garantía de que el texto modificado consiga los votos necesarios sin nuevas renegociaciones, lo que podría extender aún más un proceso que ya acumula meses de demoras. En términos de poder legislativo, este episodio consolida una tendencia: el Gobierno no controla el Congreso e incluso sus aliados operan con autonomía cuando perciben que pueden extraer concesiones. Esa dinámica condiciona la agenda legislativa del oficialismo e instala la negociación permanente como método, no como excepción.
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