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| viernes, 6 de noviembre de 2026 |
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Sergio Urribarri irá a un segundo juicio por enriquecimiento ilícito
El ex gobernador entrerriano ya cumple condena por corrupción y ahora enfrenta otro proceso con pedido fiscal de 5 años de prisión.
Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos, enfrentará un segundo juicio penal por enriquecimiento ilícito, con una pena de 5 años de prisión solicitada por la fiscalía. El dato no es menor: Urribarri ya cumple una condena previa por delitos contra la administración pública, lo que convierte este nuevo proceso en una acumulación de causas que profundiza su crisis judicial e instala una pregunta de fondo sobre los mecanismos de control institucional en la provincia.
El ex mandatario fue una figura central del peronismo entrerriano durante años. Su trayectoria política ascendente lo llevó a la gobernación e incluso a representar al país en el exterior, construyendo un perfil de peso nacional dentro del espacio kirchnerista. Esa trayectoria contrasta hoy de manera brutal con su situación procesal: dos causas por corrupción, una condena en curso e imputaciones que apuntan al núcleo de su gestión.
El enriquecimiento ilícito es uno de los delitos más difíciles de probar e igualmente difíciles de sostener políticamente cuando aparece en la carrera de un dirigente. La fiscalía entrerriana no solo sostuvo el caso hasta el juicio oral sino que pidió una pena concreta y significativa. Eso indica que el expediente tiene sustancia y que el sistema judicial provincial avanzó sobre un ex gobernador de peso sin retroceder.
Lo que este caso pone en tensión es la narrativa de impunidad que suele rodear a los dirigentes de alto rango en Argentina. Urribarri no es un funcionario menor ni un caso periférico: gobernó Entre Ríos e integró el círculo político más relevante de su época. Que enfrente un segundo juicio mientras ya cumple condena marca un antecedente institucional que merece ser leído con atención.
Desde el punto de vista político, el caso Urribarri también interpela al peronismo entrerriano y nacional. La distancia que sus propios aliados históricos tomaron de él a medida que avanzó la causa judicial refleja una dinámica conocida: el aparato partidario se desentiende del dirigente caído para preservar la estructura. Esa lógica de supervivencia orgánica no resuelve el problema de fondo, que es el de la cultura de gestión que hizo posible las irregularidades investigadas.
El pedido fiscal de 5 años de prisión en esta nueva causa, sumado a la condena ya vigente, dibuja un horizonte judicial muy complejo para Urribarri. La acumulación de procesos penales sobre un mismo ex funcionario no es un dato técnico sino político: habla de una gestión que, según los fiscales, tuvo patrones sistemáticos de corrupción, no episodios aislados.
En términos de coyuntura, el caso recuerda que la justicia provincial puede actuar con autonomía e independencia cuando las condiciones lo permiten. Entre Ríos no suele aparecer en el centro del debate nacional sobre corrupción, pero este proceso la instala ahí. La condena previa de Urribarri y este nuevo juicio configuran un expediente político y judicial que trasciende lo local y aporta al debate más amplio sobre accountability en la Argentina.Más noticias de Datapolítica
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