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| miércoles, 4 de noviembre de 2026 |
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Los hermanos Kovalivker se negaron a declarar ante el fiscal
Jonathan y Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, se presentaron en Comodoro Py pero no declararon ante el fiscal.
Jonathan y Emmanuel Kovalivker, directivos de la droguería Suizo Argentina, se presentaron esta mañana en los tribunales de Comodoro Py para ser indagados por el fiscal Franco Picardi, y optaron por el silencio: se negaron a declarar e introdujeron escritos en su lugar. La maniobra, clásica en causas de alta exposición, no implica culpabilidad jurídica pero sí marca el tono defensivo con el que los imputados enfrentan una investigación que, según Picardi, involucra la captura de un organismo del Estado y un esquema de precios acordados que habría perjudicado al sistema de discapacidad.
El fiscal sostiene que la empresa cooptó a la Agencia de Discapacidad, el organismo estatal encargado de gestionar prestaciones para personas con discapacidad, y montó desde adentro un mecanismo de cartelización con sobreprecios sistemáticos. Si la hipótesis fiscal prospera, no se trataría de una mera irregularidad administrativa sino de una operación deliberada para capturar renta pública a través de un área del Estado especialmente sensible: la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
El caso expone una tensión estructural que reaparece en la Argentina con llamativa regularidad: la frontera porosa entre el sector privado de la salud e insumos médicos y los organismos públicos de regulación y compra. La droguería Suizo Argentina opera en un mercado donde el Estado es el principal comprador, lo que genera incentivos permanentes para influir sobre quienes toman decisiones de contratación. Cuando esa influencia se vuelve sistemática, el resultado es exactamente el que describe la acusación: precios inflados y competencia eliminada.
La decisión de no declarar y presentar escritos es una estrategia procesalmente legítima, pero también es una señal política. Los Kovalivker eligieron no confrontar directamente la versión del fiscal, al menos en esta instancia. Eso traslada el peso de la narrativa pública hacia Picardi, cuya hipótesis queda instalada sin réplica oral inmediata. En causas con esta visibilidad, el relato que se impone en las primeras horas suele ser difícil de revertir.
El expediente tramita en Comodoro Py, el polo judicial federal donde se concentran las causas de mayor impacto político e institucional. Eso no es un dato menor: el contexto en el que se investiga a empresas proveedoras del Estado en ese fuero arrastra siempre lecturas cruzadas sobre independencia judicial, oportunidad política e intereses en pugna. La causa deberá demostrar que puede sostenerse con evidencia sólida más allá del impacto inicial.
Para la gestión que conduce la Agencia de Discapacidad en la actualidad, la investigación representa un problema de imagen institucional independientemente de su resultado final. La sola hipótesis de que un proveedor privado logró cooptar el funcionamiento interno del organismo instala una pregunta incómoda sobre los controles existentes e históricos dentro del Estado. Esa pregunta no se responde en los tribunales sino en la arena de la política pública.
La causa Kovalivker es, en definitiva, un test sobre la capacidad del sistema judicial federal para sostener investigaciones complejas sobre corrupción en compras públicas sin que la presión política o corporativa las desvíe. Los escritos presentados en lugar de la declaración son el primer movimiento de una disputa que, con alta probabilidad, se extenderá durante meses e involucrará a más actores de los que hoy tienen nombre en el expediente.Más noticias de Datapolítica
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