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| martes, 3 de noviembre de 2026 |
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Más de 100 organizaciones cuestionan cómo se eligen los jueces
Una coalición amplia de sociedad civil y empresarios exige que las entrevistas personales dejen de ser el factor decisivo en los concursos judiciales.
Una coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y juristas lanzó una campaña pública para modificar las reglas de selección de magistrados en Argentina. El eje del reclamo es concreto: las entrevistas personales ante el Consejo de la Magistratura tienen un peso desproporcionado en el resultado final de los concursos, lo que habilita márgenes de discrecionalidad política que distorsionan la meritocracia formal del sistema.
El concurso judicial fue diseñado, en teoría, para blindar la selección de jueces de la influencia partidaria. Incluye exámenes escritos, evaluación de antecedentes y una entrevista personal. Sin embargo, en la práctica, esa instancia final concentra poder de veto sobre candidatos que superaron todas las etapas anteriores con altas calificaciones. La campaña que hoy toma estado público no es la primera crítica al sistema, pero sí la más amplia en términos de representación institucional.
El momento político no es neutral. El Poder Judicial argentino atraviesa uno de sus períodos de mayor tensión con el poder político en décadas. La disputa por la composición del Consejo de la Magistratura, los intentos de reforma impulsados desde el Ejecutivo y las pujas por vacantes estratégicas en fueros clave convierten cualquier modificación al proceso de selección en un campo de batalla con consecuencias de largo plazo.
La participación de cámaras empresariales en la coalición agrega una dimensión que va más allá del debate académico o cívico. El sector privado tiene intereses directos en la composición de los tribunales comerciales, laborales y contencioso-administrativos. Su involucramiento en una campaña de estas características señala que la percepción de falta de independencia judicial ya opera como un factor de riesgo concreto para la actividad económica.
La demanda específica de limitar el peso de las entrevistas personales apunta al corazón del problema: quién decide, con qué criterios y ante quiénes debe rendir cuentas. Hoy ese momento final es opaco, subjetivo y difícilmente impugnable. Modificarlo requiere reforma reglamentaria o legislativa, lo que implica negociación política en el mismo Consejo cuyo funcionamiento se cuestiona.
El riesgo de la campaña es la dilución. Coaliciones amplias suelen ser más efectivas para instalar un tema en la agenda que para sostener presión hasta obtener resultados concretos. La historia reciente del debate judicial argentino está llena de consensos declarados que naufragaron ante los intereses sectoriales de quienes debían implementarlos.
Aun así, la señal política tiene valor propio. Que actores tan diversos coincidan en un diagnóstico común sobre la opacidad del sistema de selección judicial es un dato que el oficialismo y la oposición deberán procesar. Ignorarlo tiene costos de imagen; atenderlo tiene costos de poder. Esa tensión define el verdadero campo de disputa que esta campaña abre.Más noticias de Datapolítica
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