domingo, 1 de noviembre de 2026
 
 
     
Hotesur: la fiscalía expuso el circuito financiero kirchnerista

El juicio Hotesur-Los Sauces expuso el circuito financiero entre empresarios cercanos al poder y la familia expresidenta, según la acusación.

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces puso sobre la mesa uno de los esquemas de presunto lavado de dinero más elaborados que investigó la justicia argentina en la última década. Según la fiscalía, el circuito funcionaba así: empresas vinculadas a Lázaro Báez e Indalo —el grupo de Cristóbal López y Fabián De Sousa— transferían fondos hacia las sociedades inmobiliarias de la familia Kirchner bajo la apariencia de alquileres o contratos comerciales legítimos. El dinero llegaba, pero los servicios prestados eran ficticios u groseramente sobrevaluados. El contexto histórico es inseparable del análisis. Báez construyó su fortuna durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, concentrando contratos de obra pública en Santa Cruz de manera casi monopólica. Indalo hizo lo propio en el sector energético y mediático. Ambos grupos crecieron en paralelo al poder político kirchnerista, lo que la fiscalía interpreta no como coincidencia sino como sistema. Hotesur era la empresa propietaria del Hotel Alto Calafate, y Los Sauces administraba propiedades en la Patagonia. Ambas recibían pagos de las firmas de Báez por concepto de alquileres. El problema, según la acusación, es que esos inmuebles jamás se utilizaron en la proporción que justificara los montos abonados. La irregularidad no era contable: era estructural. Lo que está en juego políticamente es enorme. Cristina Kirchner enfrenta este proceso mientras mantiene un rol central en el peronismo, aunque con su capital electoral erosionado tras la condena en la causa Vialidad. Una nueva condena firme profundizaría su inhabilitación para ejercer cargos públicos y redefiniría la interna del movimiento nacional y popular de cara a los próximos ciclos electorales. La defensa kirchnerista insiste en que los contratos eran reales y que la persecución judicial responde a motivaciones políticas. Ese argumento tiene tracción en sectores del peronismo duro, pero enfrenta la dificultad de explicar por qué los flujos de dinero seguían patrones tan sistemáticos y concentrados en un mismo grupo de beneficiarios vinculados al poder. El juicio también ilumina una zona oscura del capitalismo argentino: la relación entre empresarios que crecen con el Estado y la clase política que los habilita. No es un fenómeno exclusivo del kirchnerismo, pero el caso Báez-Kirchner es el más documentado y el que llegó más lejos en sede judicial. Eso lo convierte en un caso testigo sobre cómo funciona —u funcionaba— esa interfaz entre dinero privado y poder público. Mientras el tribunal avanza en la etapa de alegatos, el resultado del juicio tendrá implicancias que van más allá de las personas imputadas. Define si la justicia argentina puede sostener procesos complejos contra ex mandatarios sin que la presión política los desvíe, y establece un precedente sobre la responsabilidad penal de quienes reciben fondos de origen dudoso aunque no sean los operadores directos del esquema.