sábado, 31 de octubre de 2026
 
 
     
Concejal cordobés acusado de proteger al femicida de Agostina

Piden expulsar al edil que empleó al asesino. Una concejala denuncia una red política y judicial que habría encubierto el crimen.

Un pedido de expulsión sacude al Concejo Deliberante de Córdoba: una concejala denunció públicamente que un colega del cuerpo le dio empleo al femicida de Agostina, la joven asesinada en un caso que conmovió a la provincia. La acusación no apunta solo a un vínculo laboral casual, sino a lo que la concejala describió como una red de protección política e institucional que habría operado antes, durante u después del crimen. El caso trasciende lo policial e instala una pregunta incómoda sobre los límites entre el Estado e individuos violentos. El caso de Agostina se inscribe en una serie de femicidios que en los últimos años generaron presión social sostenida sobre los poderes políticos e institucionales de Córdoba. La provincia tiene historial de cuestionamientos a su sistema judicial por manejo opaco de causas sensibles. Que un funcionario electo aparezca vinculado al victimario no es un detalle menor: es un dato que alimenta la sospecha de que ciertas redes de pertenencia política pueden funcionar como paraguas informal para personas con antecedentes o conductas violentas. La concejala denunciante amplió el radio de sus acusaciones hacia funcionarios, dirigentes partidarios e integrantes del Poder Judicial. Esa triangulación es políticamente significativa: implica que el encubrimiento, si se probara, no fue un acto individual sino una operación con múltiples nodos. En términos institucionales, eso es más grave que la negligencia de un solo actor. El pedido de expulsión es un mecanismo de alto impacto simbólico pero complejo en su ejecución. Los concejos deliberantes argentinos rara vez llegan a expulsar a uno de sus miembros, porque eso requiere mayorías calificadas e implica costos políticos para quienes votan a favor. La historia reciente muestra que estos procesos suelen diluirse en comisiones o quedar suspendidos por disputas procedimentales. Sin embargo, la presión social generada por los femicidios ha demostrado capacidad de torcer inercias institucionales que antes parecían inamovibles. El movimiento de mujeres y colectivos feministas en Córdoba tiene experiencia en sostener demandas en el tiempo e impedir que los casos se archiven en la indiferencia. Eso cambia el cálculo político para los concejales que deben decidir si avanzar u no con la expulsión. El concejal señalado enfrenta una encrucijada típica de la política argentina ante escándalos de este tipo: negar, minimizar el vínculo u ofrecer una renuncia negociada para evitar el desgaste mayor. Cada una de esas opciones tiene costos diferentes. La negación sostenida en un contexto de alta visibilidad mediática tiende a profundizar el daño; la renuncia puede interpretarse como admisión implícita de responsabilidad. Lo que el caso deja expuesto, más allá de sus derivaciones judiciales, es la fragilidad de los controles internos en los cuerpos legislativos municipales argentinos. Los concejos deliberantes son espacios donde el escrutinio público es menor que en las legislaturas provinciales u el Congreso Nacional. Esa opacidad relativa los convierte en terreno fértil para vínculos que en otros niveles resultarían insostenibles. El femicidio de Agostina, paradójicamente, iluminó esa zona oscura.