martes, 27 de octubre de 2026
 
 
     
Piden expulsar a un concejal por emplear al femicida de Agostina

Una edil pide la expulsión del funcionario y denuncia una red de protección política y judicial detrás del crimen.

Un concejal cordobés enfrenta un pedido formal de expulsión del cuerpo legislativo municipal después de que se revelara que empleó en su estructura al hombre que asesinó a Agostina. La concejala que impulsó la denuncia no se limitó al caso individual: trazó un mapa de complicidades que involucra funcionarios, dirigentes partidarios e integrantes del Poder Judicial, configurando lo que describió como una red de protección activa alrededor del femicida antes e incluso después del crimen. El caso Agostina sacudió a Córdoba con una fuerza que va más allá del drama personal. Lo que estaba siendo procesado como un crimen aberrante de violencia de género adquiere ahora una dimensión institucional que lo convierte en un problema político de primer orden. Que el asesino tuviera empleo en la estructura de un concejal no es un dato menor: implica vínculos, acceso y, potencialmente, algún grado de cobertura en los círculos del poder local. La denuncia de la concejala instala una pregunta incómoda para el sistema político cordobés: cuántos casos de violencia extrema tienen, detrás, una trama de relaciones institucionales que los habilita u oculta. La figura de la "red de protección" no es una metáfora liviana; es una acusación concreta que señala a la Justicia como parte del problema, no solo como herramienta de solución. El pedido de expulsión tiene un valor simbólico enorme, pero su viabilidad depende de las correlaciones de fuerza dentro del Concejo Deliberante. En los cuerpos legislativos municipales argentinos, este tipo de sanciones exigen mayorías calificadas que rara vez se consiguen cuando el acusado pertenece al bloque dominante u a aliados de este. La política local tiende a proteger a los suyos. El contexto político provincial agrega tensión al cuadro. Córdoba vive hace años bajo una hegemonía del peronismo cordobesista e internas permanentes entre distintas facciones del poder territorial. Cualquier escándalo de esta naturaleza activa disputas entre sectores que buscan diferenciarse u obtener ventaja electoral, lo que puede tanto potenciar la investigación como desviarla hacia el juego de acusaciones cruzadas. Lo que está en juego, en términos estructurales, es la capacidad del sistema político local para procesar la violencia de género sin escudarse en solidaridades corporativas. La demanda social que rodea los femicidios exige respuestas institucionales genuinas, no gestos. Si el pedido de expulsión queda archivado en comisión u opacado por negociaciones internas, el costo político para todo el arco dirigente cordobés será alto. Este caso puede convertirse en un termómetro de la salud democrática municipal: o el Concejo actúa con la contundencia que la situación exige, o confirma que las redes de protección siguen operando incluso cuando la sociedad las está mirando.