martes, 27 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno y el PJ pelean por la Magistratura

La renovación del Consejo de la Magistratura el 18 de noviembre abre un nuevo frente de conflicto entre La Libertad Avanza y el PJ.

La renovación de ocho representantes en el Consejo de la Magistratura, prevista para el 18 de noviembre, se convierte en el próximo campo de batalla institucional entre La Libertad Avanza y el peronismo. No se trata de una disputa menor: el Consejo define quiénes son los jueces que acceden al Poder Judicial federal, e históricamente funciona como una palanca de poder que los bloques mayoritarios usan para condicionar causas e imprimir orientación política a la justicia. El organismo tiene una composición mixta que incluye representantes del Congreso, de los jueces, de los abogados y del Ejecutivo. Cada renovación parcial altera ese equilibrio, y en un país donde los procesos judiciales de alto perfil —corrupción, lawfare, causas contra dirigentes opositores— están permanentemente politizados, cada lugar en el Consejo vale mucho más que su descripción técnica. Para La Libertad Avanza, consolidar influencia en la Magistratura es parte de una estrategia más amplia: el oficialismo necesita un Poder Judicial que no obstruya sus reformas y que, al mismo tiempo, avance sobre causas que involucran a la dirigencia peronista. Milei llegó al poder con una retórica anticasta que tiene en los tribunales uno de sus escenarios predilectos. El peronismo, por su parte, llega a esta disputa en un momento de recomposición interna compleja. Con Cristina Kirchner condicionada judicialmente y el PJ en proceso de reorganización, preservar posiciones en el Consejo es una forma de mantener un escudo institucional ante una eventual profundización de la presión judicial sobre sus principales figuras. El antecedente inmediato es relevante: en las últimas renovaciones del Consejo, las negociaciones derivaron en acuerdos de último momento o en impugnaciones cruzadas que postergaron la integración definitiva del cuerpo. La dinámica de confrontación que instaló el gobierno de Milei hace menos probable un acuerdo silencioso y más probable una pelea pública con alto contenido simbólico. Lo que está en juego, en definitiva, no son solo ocho sillas. Es la pregunta sobre quién controla el tempo de la justicia federal en un año donde el calendario electoral de 2027 ya empieza a ordenar las decisiones políticas. El Consejo de la Magistratura es, en ese esquema, una variable estratégica que ninguno de los dos bloques puede resignar sin costo. La pelea que se avecina en el Congreso por estos representantes anticipará, además, el nivel de conflictividad legislativa que tendrá el verano político. Si LLA y el peronismo no encuentran un carril de negociación mínima, la parálisis institucional en el Consejo puede tener efectos concretos sobre el funcionamiento del sistema judicial en los meses siguientes.