martes, 27 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno no tiene votos para aprobar el Presupuesto

La Libertad Avanza no logra acuerdo con sus aliados legislativos y el dictamen del Presupuesto se posterga hasta mediados de noviembre.

La coalición de gobierno enfrenta una crisis de gobernabilidad legislativa concreta: sin los votos de los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza no puede avanzar con el Presupuesto Nacional e informó que el dictamen de comisión se postergará hasta mediados de noviembre. Lo que el oficialismo presentaba como un trámite técnico se convirtió en una negociación política trabada, que expone los límites reales de un gobierno minoritario en el Congreso. El proyecto de Presupuesto es la principal herramienta de planificación fiscal del Estado. Sin dictamen de comisión, no hay debate en el recinto. Y sin mayoría propia, La Libertad Avanza depende de bloques que tienen exigencias propias: modificaciones en partidas, criterios de distribución de recursos y garantías sobre fondos para las provincias. Esos puntos son los que traban el acuerdo y que el gobierno no logró resolver en los plazos que él mismo se había fijado. Los bloques denominados "dialoguistas" —Pro, Unión Cívica Radical e independientes de centro— no son socios incondicionales del oficialismo. Cada uno administra su propio capital político e identifica en cada negociación la oportunidad de mostrar autonomía frente a sus propios electorados. En este caso, las diferencias no son cosméticas: involucran decisiones sobre el gasto público que tienen impacto territorial directo en las provincias que esos legisladores representan. El antecedente inmediato es relevante. Durante 2024, el gobierno de Javier Milei gobernó sin Presupuesto aprobado, prorrogando el del año anterior. Repetir esa situación en 2026 sería una señal de debilidad institucional acumulada. La incapacidad de acordar con aliados que en otras circunstancias acompañaron reformas estructurales del gobierno sugiere que la coalición legislativa que sostuvo al oficialismo en momentos clave está mostrando fisuras con mayor frecuencia. La postergación del dictamen no es un dato administrativo menor. Implica que el gobierno resigna el control del calendario legislativo, uno de los recursos de poder más importantes en cualquier sistema parlamentario. Quien fija los tiempos del debate fija también los términos de la negociación. Al ceder ese control, La Libertad Avanza queda en posición reactiva frente a actores que antes aceptaban condiciones. En términos de coyuntura política, el episodio suma presión sobre la imagen de eficacia del gobierno. La narrativa oficial construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de un liderazgo que avanza sin dudar e impone resultados. Una postergación forzada por falta de acuerdo contradice ese relato e instala la pregunta sobre si el oficialismo tiene capacidad real de gestión legislativa más allá de los decretos de necesidad y urgencia.