lunes, 26 de octubre de 2026
 
 
     
Milei tiene otras causas judiciales abiertas además del caso cripto

El sobreseimiento en la causa cripto no cierra el mapa judicial del Gobierno: siguen activos expedientes por corrupción, patrimonio y contratos.

El cierre del expediente LIBRA no despejó el horizonte judicial del Gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada celebra ese resultado como una victoria política, los tribunales federales mantienen activas investigaciones sobre corrupción, incremento patrimonial injustificado e irregularidades en contratos del Estado. El mapa judicial del oficialismo es más extenso e incomodo de lo que la narrativa triunfalista permite admitir. El caso LIBRA concentró durante meses la atención pública e internacional, en parte por su carácter novedoso: una criptomoneda promovida desde la cuenta oficial del presidente que colapsó en horas y dejó a miles de inversores con pérdidas cuantiosas. El sobreseimiento alivió la presión inmediata, pero no eliminó la desconfianza institucional que el episodio instaló sobre la gestión. La imagen de un presidente que recomienda activos financieros desde el poder del Estado difícilmente se borra con una resolución judicial favorable. Los expedientes que siguen abiertos responden a lógicas distintas. Algunos involucran contratos estatales firmados durante la actual administración con empresas que tienen vínculos con funcionarios u operadores del círculo cercano al presidente. Otros apuntan al patrimonio declarado por miembros del gabinete, con inconsistencias que los jueces no descartaron. En conjunto, configuran un frente judicial que obliga al Gobierno a destinar recursos políticos e institucionales a su defensa permanente. El contexto importa. Milei llegó al poder con un discurso anticorrupción que fue parte central de su identidad electoral. Cualquier causa judicial que involucre a funcionarios propios erosiona ese capital simbólico de manera especialmente costosa. La contradicción entre el relato fundacional e investigaciones en curso no pasa desapercibida para una opinión pública que, aunque mayoritariamente favorable al presidente, mantiene sensibilidad alta ante señales de privilegio o impunidad. El Poder Judicial federal, por su parte, opera en un escenario de tensión permanente con el Ejecutivo. La disputa por la reforma judicial, los cruces con la Corte Suprema e intentos del oficialismo de incidir sobre la composición de tribunales clave generan un clima donde cada expediente adquiere una carga política adicional. Los jueces que llevan estas causas saben que sus decisiones serán leídas en clave de alineamiento u oposición al Gobierno, lo que complejiza la dinámica procesal. Para la oposición, la subsistencia de estas causas es un activo que administra con cuidado. No todas las fuerzas opositoras apuestan por la judicialización como eje de disputa, pero el simple hecho de que los expedientes existan permite mantener encendida una agenda crítica sin necesidad de producir nueva información. La justicia federal, en este caso, funciona como caja de resonancia de conflictos que la política no logra resolver por sus propios canales. El sobreseimiento en LIBRA cierra un capítulo, pero no clausura la vulnerabilidad judicial del Gobierno. La acumulación de frentes abiertos genera un efecto de desgaste que opera de manera silenciosa pero constante sobre la gestión. En política, no es lo mismo tener una causa que tener varias: la multiplicidad sugiere patrón, e instala una duda estructural sobre la calidad institucional de la administración que ninguna absolución individual termina de despejar.