martes, 27 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno negocia el Presupuesto 2027 con bloques aliados

La comisión de Presupuesto recibirá a funcionarios clave para cerrar acuerdos sobre discapacidad y universidades antes de la votación.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados entra en su etapa decisiva: mañana recibirá a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y a Matías Fariña, secretario de Transformación, en lo que el oficialismo presenta como una ronda técnica pero que en la práctica constituye una negociación política de alto voltaje con los bloques dialoguistas. Los temas sobre la mesa —financiamiento para discapacidad y universidades— son exactamente los que más tensión generaron durante el año entre el Ejecutivo y la oposición moderada. El contexto no es menor. El Gobierno de Javier Milei llega a esta instancia con un presupuesto que refleja su obsesión por el equilibrio fiscal, pero que choca con demandas concretas de sectores que históricamente generan costos políticos altos cuando se los recorta. La discapacidad y la educación universitaria son dos de esas áreas donde cualquier ajuste se traduce de inmediato en movilización social y cobertura mediática adversa. Los bloques dialoguistas —aquellos que hasta ahora le dieron quórum u oxígeno legislativo al oficialismo— están usando esta negociación como palanca. No es una oposición frontal, sino una presión calculada: saben que el Gobierno necesita sus votos para aprobar el presupuesto y que sin ese respaldo el Ejecutivo quedaría atado al presupuesto prorrogado, una situación políticamente incómoda. Cacace y Fariña son los enviados técnicos, pero su presencia ante la comisión tiene una lectura política clara: el Ejecutivo está dispuesto a dar explicaciones e, eventualmente, a ceder en detalles para preservar lo central del esquema fiscal. La pregunta es cuánto margen real tienen para negociar sin resignar los números que el ministro Luis Caputo considera innegociables. Históricamente, las negociaciones presupuestarias argentinas terminan con acuerdos de último momento que satisfacen parcialmente a todos y plenamente a nadie. El patrón se repite: el oficialismo hace concesiones menores en partidas visibles —salud, educación, prestaciones sociales— y preserva los grandes lineamientos del gasto y la deuda. Los dialoguistas, a su vez, obtienen algo para mostrar a sus votantes sin romper con el Gobierno. Lo que está en juego en esta ronda final es, en definitiva, la gobernabilidad legislativa del Ejecutivo para 2027, un año electoral. Aprobar un presupuesto propio —en lugar de prorrogar el vigente— le daría a Milei una herramienta de gestión y un mensaje político: que tiene capacidad para construir mayorías incluso en temas sensibles. Perder esa votación, u aprobarla con un texto muy modificado, sería leído como una señal de debilidad parlamentaria. El resultado de estas reuniones definirá si el Gobierno logra cerrar un acuerdo antes de que el calendario legislativo se complique aún más con la proximidad del año electoral, u si la negociación se extiende hasta convertirse en un problema mayor de lo que hoy aparenta ser.