martes, 20 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno acusó a diputados opositores de incitar violencia

El subsecretario de Políticas Universitarias dijo que legisladores impulsan a estudiantes a 'tirar piedras' antes de la marcha del 25 de octubre.

El Gobierno nacional escaló el conflicto universitario hasta un punto de máxima tensión política: a cinco días de la marcha convocada por las universidades públicas, funcionarios del área educativa se presentaron en la Cámara de Diputados e imputaron directamente a legisladores opositores de alentar la violencia estudiantil. La acusación, formulada por el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, transforma un debate presupuestario en una disputa sobre la legitimidad institucional del conflicto universitario. El contexto inmediato es la discusión del Presupuesto 2027, que el secretario de Educación Carlos Torrendell fue a defender ante la Cámara baja. En ese marco, Torrendell cuestionó la proliferación de nuevas casas de altos estudios creadas en los últimos años, una crítica que apunta directamente a la política universitaria del kirchnerismo e implica una revisión del mapa institucional de la educación superior argentina. Pero fue Álvarez quien subió la apuesta con una afirmación de alto voltaje político: acusó a diputados opositores de llevar a los alumnos universitarios a 'tirar piedras y tomar edificios', y denunció que la oposición llama a la 'insurrección contra la República'. El uso de la palabra insurrección no es casual ni inocente: ubica a los manifestantes universitarios en el terreno de la amenaza al orden constitucional, una operación discursiva que el oficialismo viene ensayando ante cada movilización masiva. La estrategia del Gobierno tiene una lógica clara: deslegitimar la protesta antes de que ocurra, trasladando la responsabilidad política de cualquier incidente a los legisladores opositores. Si el 25 de octubre hay conflictos en la calle, el relato oficial ya está construido: la culpa es de quienes 'instigaron' desde el Congreso. Es una táctica defensiva que también tiene función ofensiva, porque obliga a la oposición a moderar su discurso o asumir el costo de los hechos de violencia. La oposición, por su parte, enfrenta un dilema político no menor. Apoyo irrestricto a la marcha universitaria implica aceptar el encuadre del Gobierno e identificarse con una imagen de conflictividad. Distancia prudente implica abandonar a un sector movilizado con alta legitimidad social. La acusación de Álvarez está diseñada precisamente para instalar esa incomodidad antes de que las columnas salgan a la calle. El fondo del conflicto sigue siendo presupuestario e institucional. Las universidades nacionales acumulan meses de tensión por el financiamiento, e interpretaron el Presupuesto 2027 como una señal de continuidad en el ajuste. La crítica de Torrendell a la creación de nuevas universidades agrega un componente ideológico: cuestiona decisiones de gobiernos anteriores e insinúa que parte del problema de financiamiento se explica por una expansión irresponsable del sistema. Lo que quedó expuesto en la sesión de Diputados es que el Gobierno no tiene intención de negociar la narrativa del conflicto universitario: prefiere radicalizarla. Acusar a legisladores electos de insurrección es una señal de que la Casa Rosada evaluó el costo político de ceder terreno discursivo e interpretó el costo como mayor que el de la confrontación abierta. Esa apuesta tiene riesgos concretos: una marcha masiva el 25 de octubre sin incidentes deja al Gobierno con una acusación que nadie convalidó en los hechos.