miércoles, 21 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno de Milei acumula acuerdos legislativos que se rompen

Discapacidad, Ley de Tierras y Malvinas exponen que La Libertad Avanza negocia mal: cierra pactos que luego generan conflictos internos.

El oficialismo de La Libertad Avanza enfrenta una paradoja que define su momento político: necesita aliados para gobernar en el Congreso, pero cada vez que construye un acuerdo legislativo, el proceso revela tensiones internas que erosionan la credibilidad negociadora del propio gobierno. No se trata de una dificultad circunstancial sino de un patrón que se repite en al menos tres frentes simultáneos: Discapacidad, Ley de Tierras e iniciativas vinculadas a Malvinas. El caso de la ley de Discapacidad es el más ilustrativo. El bloque oficialista en Diputados alcanzó un entendimiento con sus socios legislativos, pero ese acuerdo choca con resistencias desde el Ministerio de Economía, que observa con desconfianza cualquier compromiso de gasto que no haya pasado por su filtro. La tensión no es menor: expone que dentro del propio Poder Ejecutivo hay actores con veto informal sobre lo que el ala legislativa puede firmar. La Ley de Tierras suma otra capa de conflicto. El acuerdo alcanzado en ese terreno generó disgusto entre senadores que responden ideológicamente al espacio libertario, lo que anticipa complicaciones en la Cámara alta. Esto revela una grieta entre la conducción táctica del oficialismo en Diputados y la base de representantes propios en el Senado, dos cuerpos que deberían funcionar en coordinación y que operan con lógicas divergentes. El frente de Malvinas, en cambio, funciona como termómetro negociador. Cualquier iniciativa legislativa sobre soberanía tiene una carga simbólica que obliga a consensos amplios e implica riesgos políticos para quienes se posicionan mal. Que el oficialismo lo incluya en su agenda de pruebas negociadoras indica que busca terreno más fértil donde demostrar capacidad de acuerdo, aunque sea en un tema de bajo costo político inmediato. El problema estructural es de arquitectura política. La Libertad Avanza llegó al poder sin mayoría propia e intentó construir gobernabilidad legislativa sobre la marcha, sin una mesa de coordinación sólida entre el Ejecutivo y el bloque parlamentario. Esa ausencia se paga ahora: los acuerdos se cierran sin validación interna completa y luego se deshilachan cuando cada sector del espacio cobra su cuota de autonomía. Históricamente, los gobiernos argentinos sin mayoría legislativa sostuvieron su agenda a través de negociaciones centralizadas, con un jefe de gabinete u operador político con autoridad real sobre los bloques. El gobierno de Milei no exhibe ese rol con claridad, lo que fragmenta la cadena de decisión y habilita que Economía, el Senado libertario e incluso aliados externos tiren en direcciones distintas sobre un mismo expediente. El riesgo político concreto es la pérdida de reputación negociadora. Si los socios legislativos perciben que un acuerdo cerrado con el oficialismo puede ser desautorizado internamente días después, el costo de futuras negociaciones sube. Nadie cierra pactos con un interlocutor que no puede garantizar lo que firma. La acumulación de ruidos en temas relativamente acotados como Discapacidad u Tierras anticipa fricciones mayores cuando lleguen al Congreso debates de fondo sobre el rumbo económico u social del gobierno.